Caso federal: Héctor Ponce ¡el 17!

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, diputados locales y federales de Morena, incluso los Senadores de este partido, alzan su voz contra la corrupción, lo menos que se espera es que actúen y destapen las cloacas, aquí en Sinaloa, y procedan a “desarchivar” casos qué, por su naturaleza, indignan a la sociedad sinaloense.

Entra a la agenda mediática el tema por la llamada “Operación Desfalco en Sinaloa” que involucra a 16 funcionarios y políticos de Sinaloa -exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado-, según el reportaje de Noroeste, firmado por Marlene León, Zoraya Gallegos y Silber Meza, quienes revelaron que estos personajes cocinaron negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares.

El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos, dicen.

En las transas de cuello blanco se involucra a 16 funcionarios y políticos, número que podría crecer si la indagatoria periodística se profundiza más en los regímenes de Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.

Del régimen de Aguilar Padilla, para efectos de la “Operación Desfalco en Sinaloa”, saldría el funcionario número “17”, en la figura de su secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos, quien eludió la acción de la justicia mediante negociaciones políticas que lo salvaron de ir a la cárcel. Pero, como dicen los clásicos de la novela policiaca, parte del dinero nunca apareció.

El 13 de octubre del 2018, Héctor Ponce apareció con su imagen de inmaculado en el Foro de Salud 2018 “Diagnostiquemos la salud”, guiñándole un ojo –o queriéndoselo picar- a Andrés Manuel López Obrador, construyendo, según el funcionario aguilarista, “espacios de análisis y reflexión sobre la realidad del sistema público de salud en México”.

El doctor Héctor Ponce Ramos, coordinador del Foro, convocó a la participación al personal del área de salud y especialistas del sector “para que surjan directrices para el nuevo diseño de una política a la altura de las necesidades del país y de los retos que tiene frente el nuevo gobierno, que encabeza Andrés Manuel López Obrador”. ¡Qué desfachatez!.

Pues bien, “El 17”, el doctor Ponce, es un protegido de la “mafia del poder” que ayudó a convencer a tirios y troyanos del Tribunal de Justicia de Sinaloa de su inocencia, no en balde, ahí, Jesús Aguilar Padilla tiene metido a uno de los suyos.

Pero resulta que el caso es federal, sí, federal por el uso irregular de partidas económicas federales, y el juicio en su contra se ventiló “en casa”, aquí, para efectos de generar nada más un escandalito y poder ponerlo a salvo.

En enero 2014, Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia de Sinaloa, informó que Héctor Ponce Ramos, ex secretario de Salud en la Administración del priista Jesús Aguilar Padilla, recibió auto de formal prisión por “desvió” de 16 millones de pesos.

Pero el Juez Quinto de Primera Instancia indicó que el ex titular de Salud soltó dinero para salir bajo caución.

Héctor Ponce, el titular de salud en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, fue sujeto a proceso desde el 10 de diciembre de 2013. Promovió amparos para revocar el auto de formal prisión dictado alegando que el delito por el que se le acusa ya prescribió, pues, según él y sus abogados, cuando fue acusado ya había transcurrido el tiempo que marca la ley para castigar ese ilícito.

Con ese argumento obtuvo dos amparos en los que los Jueces de Distrito ordenan al Juez Quinto dictar una nueva resolución. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusó al ex funcionario de haber usado recursos financieros con fines distintos a los que estaban programados.

La denuncia derivó del pliego de observaciones 08-A-25000-02-0693-06-012 de la revisión de la cuenta pública 2008 que hizo la Auditoría Superior de la Federación, la cual establece un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por 16 millones 219 mil 338 pesos más los intereses generados.

La ASF detectó que con recursos destinados al programa Seguro Popular, durante 2008 se hicieron 951 pagos mensuales a 89 servidores públicos de mandos medios de la Secretaría de Salud por concepto de complementos de sueldo por 10 mil 420 pesos cada uno; además a 268 servidores considerados como operativos, les efectuaron 2 mil 264 pagos mensuales por compensación de sueldo por 5 mil 798 pesos cada bono.

El órgano fiscalizador determinó que los pagos no tenían sustento normativo que lo autorizara.

La entonces Secretaría de Contraloría de Desarrollo Administrativo del Estado abrió un expediente el 15 de diciembre de 2009, luego de recibir los resultados de la revisión realizada por la Auditoria Superior de la Federación, y el 13 de septiembre de 2010 formuló el pliego de observaciones como resultado del procedimiento administrativo en el que se determinó que había presunta responsabilidad penal del entonces Secretario de Salud, pero no procedieron en su contra.

Los servicios de salud de Sinaloa reintegraron a las arcas del Gobierno Federal el dinero ejercido indebidamente, más 3 millones 280 mil 590 pesos por concepto de intereses. Nada más. Se regresó entonces una pequeña cantidad.

El representante jurídico del Gobierno del Estado presentó la denuncia contra Ponce Ramos, no en la Procuraduría General de la República como correspondía, sino en la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta el 3 de agosto de 2011 y la ratificó dos días después, cuando ya había concluido el sexenio de Aguilar Padilla y estaba en funciones la administración de Mario López Valdez.

Fue hasta el 2 de septiembre de 2013 cuando el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE, ejerció acción penal y el 25 de ese mes el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal libró la orden de aprehensión por el delito de desempeño irregular de la función pública.

El caso tomó luego el derrotero que más convenía a los cabezas de grupos políticos. Mario López Valdez había optado por llevar el caso a los tribunales locales, en vez de turnarlo ante la Procuraduría General de la República. Aquí, Malova, usó el caso del doctor Ponce Ramos como una “carta de presión” contra el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, no con la intención de hacer justicia. Se engañó al gobierno federal mandándole falsas señales de que aquí en Sinaloa sí se estaba cumpliendo con el combate a la corrupción.  

El periodista José Alfredo Beltrán –hoy comisionado estatal de Acceso a la Información, en mayo del 2010, entrevistó al diputado Sadol Osorio Porras, quien acusó, a Héctor Ponce Ramos, además de “enriquecimiento inexplicable” y corrupción con la compra de medicamentos, de incurrir en nepotismo.

El diputado local del PAN le mostró un cuadro en el que aparecen al menos 15 familiares del funcionario, en áreas de esta Secretaría. “El nepotismo que existe es tan grande”, dijo.

En funciones de titular de Salud, Héctor Ponce tenía en el Centro de Distribución al cuñado Flavio Arturo Peiro Guerrero, y a Édgar Páez, hermano de la nuera del funcionario.

En el Hospital General de Culiacán estaban ubicados Abril Vega Tizoc, Óscar Pantaleón Tizoc y Jorge Tizoc, los tres sobrinos, además de Selene Rodríguez, la comadre.

En el área de Planeación estaba Daniela Vega Tizoc, también sobrina.

“Nos invaden los Tizoc”, ironizó en aquel entonces Sadol, “esto deja más que claro que hay nexos consanguíneos muy fuertes con esta persona”.

Osorio Porras citó los casos en Conservación y Mantenimiento de Omar Tizoc, sobrino, y dos comadres, Lina Graciela Hisae y Selene Rodríguez.

“En el Hospital de la Mujer labora Alma Araceli García Tizoc y Reynaldo Félix, sobrinos; Rafael Medina Palazuelos, sobrino, funge como asistente del secretario; y en el Seguro Popular, están colocadas su nuera Alejandra Zataraín, y Alejandro Delgadillo, como recomendado”, añadió.

El legislador entregó también a Alfredo Beltrán para su publicación una serie de fotografías de una supuesta casa de Ponce, ubicada en Bariometo, Navolato, con costo aproximado de 15 millones de pesos, cantidad que no corresponde a su sueldo mensual de 51 mil 307 pesos al mes.

El legislador También presentó un comparativo de medicamentos que adquiere la Secretaría de Salud, a supuestos “precios inflados”, y puso como ejemplo dos productos: el medicamento de nombre “trixona” la SS lo compra a 227 pesos, mientras el precio de mercado es de 9 pesos, lo que equivale a una diferencia porcentual de 2 mil 430 por ciento, explicó.

También el denominado “valium”, que la SS adquiere a 902 pesos, cuando el precio de mercado es de 155.3 pesos, lo que equivale a un sobreprecio de 481 por ciento.

“Este es el último año del sexenio (2009), están aprovechando, se están yendo con la cuchara grande estos funcionarios, y la función de nosotros, en poco tiempo, llamarlo a que comparezca, para que explique el nepotismo, el enriquecimiento inexplicable que existe y las compras ‘infladas'”, abundó.

El 6 de diciembre del 2016, empoderado de nuevo su padrino Jesús Aguilar Padilla en el escenario político estatal, el doctor Héctor Ponce Ramos, exhibió un “acta” del Supremo Tribunal de Justicia en el que se asentó su exoneración por el delito de desempeño irregular de la función pública.

En un video grabado el neumólogo explicó que ha sido juzgado totalmente inocente, y se dijo víctima de una persecución política, calumnias y difamación.

Sigo trabajando como médico especialista, mi profesión y fuente de ingresos, no soy una persona acaudalada como me calumniaron. Soy un profesionista con sentido social y me gano la vida atendiendo la salud de los sinaloenses.

Con “El 17”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados locales y federales de Morena, incluso los Senadores de este partido, no tienen pierde si se deciden combatir la corrupción en Sinaloa. Ahí están los resultados del rastreo de los recursos federales de la Auditoría Superior de la Federación (08-A-25000-02-0693-06-012) de la cuenta pública estatal 2008.

Todo un caso, pues, para Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y para Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública.