Álvaro Aragón Ayala
Sobrepasados por periodistas de la ciudad de México que vigilan el quehacer gubernamental y denuncian los atropellos y saqueos de Rubén Rocha Moya, medios de comunicación y periodistas locales pagados por el gobierno estatal recurrieron otra vez, “para lavar su imagen”, a organismos foráneos molestos porque el fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y los dirigentes del PRI, PAN y PRD, rompieron el “cerco mediático” y Cuén les dijo que “no se hagan, ya sabemos todo lo que reciben”.
En el escenario local vuelven a aparecer las organizaciones Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo, una en poder Adrián López Ortiz, director de NOROESTE, y la otra, la Red, que seguramente no ha solicitado información de como en Sinaloa Rubén Rocha dicta la línea de los medios de comunicación previo pago de millonarios contratos de publicidad y propaganda. Los periodistas se dicen agredidos y le piden a su aliado o patrón, el gobernador, que “tome medidas concretas para garantizar la seguridad de las personas periodistas en el proceso electoral”.
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Héctor Melesio Cuén es fundador del Partido Sinaloense y también escribe semanalmente su columna “Microscopio” en el periódico El Sol de Sinaloa y es autor de cuando menos de dos libros. En días pasados, a raíz del “levantón” de los pasistas Luis Alfonso García Corrales y Francisco Cerón, se quejó de la amplia cobertura que ofrecían los medios rochistas a la falsedad del “autosecuestro” y a la negativa de los periodistas a publicar la corrupción que se anida en el Poder Ejecutivo, casos que ya son tratados por la prensa nacional.
Sin tapujos, ofreció nombres de quienes, dijo, “son cómplices” del crimen organizado gubernamental, porque no reportan nada y han convertido a los medios en cuartos de guerra desde donde se ataca a diestra y siniestra a los opositores de Rubén Rocha y a los críticos de su gobierno, protegiendo los desmanes y robos del mandatario estatal. En respuesta. Artículo 19, de Adrián López Ortiz, difundió que se “criminaliza y pone en riesgo al vincularlos con grupos delincuenciales y obstaculiza su labor libre y segura”. La Red Rompe el Silencio clasificó como “uso ilegitimo del poder público lo expresado por Cuén”.
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