EFE
Quién debe pagar la factura del cambio climático que ahora asumen los países más vulnerables, mediante qué mecanismo y bajo qué condiciones, son algunas de las cuestiones que se prevé vuelvan a tensar el ambiente ya polarizado en el que se desarrollará la conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP28).
Desde el jueves 30, cerca de 200 países retomarán en Dubái las discusiones sobre cómo evitar que el aumento de la temperatura global supere en 2100 el 1.5 ºC por encima de los niveles preindustriales, sobre cómo prepararse para lo que ya es inevitable y sobre cómo asumir los costos que ya está ocasionando el cambio climático.
En esas negociaciones, que continúan después de tres décadas, uno de los puntos más importantes para los países considerados en desarrollo, y en especial para los particularmente vulnerables a la crisis climática -como los pequeños estados insulares- es el asunto de Pérdidas y Daños, el capítulo octavo del Acuerdo de París.
El año pasado, en la COP27 de Sharm el Sheij, se celebró lo alcanzado como una victoria histórica tras dos semanas intensas de negociación en las que parecía que la cumbre se iba a cerrar sin ningún tipo de acuerdo, tal y como advirtió el exvicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans.
Pero, a última hora, los estados decidieron crear un fondo para costear los daños que comporta la crisis climática; si bien no lograron ponerse de acuerdo –y esto fue lo que creó mayores fricciones entre bloques– respecto a quién debía contribuir y quién debía beneficiarse de dicho fondo, uno de los asuntos que aún quedan por resolver.
La Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, rechazan que se determine quiénes son los países “desarrollados”, enriquecidos gracias a ese modelo de combustibles fósiles que ha llevado al mundo a sobrecalentarse y que deben contribuir al fondo, en base a una clasificación de hace 30 años.
En esta división del mundo que se usa como referencia en las conversaciones climáticas (el Anexo I), los estados anexados serían las economías más enriquecidas y los no anexados son los países considerados en desarrollo, entre los que se incluyen, también, a China, a India, o a Brasil.
La Unión Europea y Estados Unidos arguyen que el mundo no es el que era a principios de los noventa, y no conciben que China, ahora una gran potencia económica, pueda recibir dinero de este fondo de pérdidas y daños, al cual -sostienen- debería contribuir.
En la COP28 está previsto que persista este debate que refleja la polarización del mundo, y desde la sociedad civil y los países en desarrollo, que ya están pagando los costos humanos y económicos de la crisis climática, piden que los estados den “pasos concretos” hacia la rápida puesta en marcha del mecanismo.
Por ahora, se trata de un fondo vacío, si bien se espera que a lo largo de la cumbre se sucedan diferentes compromisos -por ahora, voluntarios- de aportar dinero, como ya ha anunciado la Unión Europea y algunos Estados miembro como Dinamarca.
Un fondo independiente
Otra batalla que lucharán desde el Sur Global tiene que ver con la independencia del fondo: entre sus demandas, los países en desarrollo pedían que estuviera diferenciado de otros mecanismos existentes (como el Fondo Verde del Clima o el Fondo de Adaptación), que no supusiera un desvío de financiación sino que generara financiación adicional.
El Comité de Transición (CT) creado tras la COP27 de Sharm el Sheij se ha reunido a lo largo de todo el año para precisar esos detalles y formular una propuesta en este sentido, pero no ha sido hasta la última reunión, que tuvo lugar a principios de noviembre en Abu Dabi, que ha podido elaborar una propuesta.
Sugirió que el fondo de pérdidas y daños se aloje de manera provisional en el Banco Mundial –al menos, durante los próximos cuatro años-, donde también podrá quedarse de manera definitiva.
La COP28 deberá aprobar esta decisión, que no fue bien recibida por los grupos de la sociedad civil, ni tampoco por representantes de países en desarrollo, que temen los altos costos que puede suponer que esta institución acoja el fondo, y además desconfían del Banco Mundial pues a su juicio perpetúa el “colonialismo financiero” mediante la creación de deuda.
“Es poner al zorro a cuidar el gallinero”, asevera a EFE el científico argentino Esteban Servat, miembro de la campaña DeudaxClima, desde donde advierten que alojar el fondo en el Banco Mundial “profundizará las relaciones coloniales justo en las comunidades más vulnerables”.
Los activistas resaltan las obligaciones de los países enriquecidos de “hacerse cargo de su responsabilidad” como mayores emisores de gases de efecto invernadero, rechazan por ello que se les denomine “donantes” y exigen que los fondos se destinen en forma de subvención, y no como préstamos.
