Álvaro Aragón Ayala
La conspiración armada por el gobernador Rubén Rocha Moya para destituir y encarcelar a los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se negaron a transferirle el control de la institución fue horadada en su “línea de flotación” por los Jueces de Distrito que sentenciaron que la Auditoría Superior del Estado no tienen facultades para auditar los recursos propios de la Casa Rosalina. Los dictámenes judiciales declararon inexistentes los delitos de abusos de autoridad, por tanto, las vinculaciones a proceso adquirieron la categoría de decisiones extrajudiciales. Pende, pues, de un hilo el complot rochista y se zangolotea la narrativa de periodistas y medios de comunicación que por consigna y paga criminalizan a las autoridades uaseñas.
Luego de que Jesús Madueña Molina en funciones de Rector rechazó aplicar la “Ley Rocha” -Ley de Educación Superior del Estado-, por violatoria a la autonomía universitaria, y se rehusó a cederle el control político, financiero y administrativo de la UAS, Rubén Rocha desató una cacería política y judicial contra las autoridades de la institución, inventándoles delitos con el apoyo de Emma Guadalupe Félix Rivera de la ASE, Sara Bruna Quiñónez de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, diputados locales de Morena, funcionarios del Sistema de Administración Tributaria de Sinaloa y de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa.
A sabiendas de que la Auditoría Estatal carece de competencia para fiscalizar los recursos propios de la Casa Rosalina, Rubén Rocha instruyó a Emma Guadalupe Félix y a Sara Bruna para que montaran “espectáculos” -incluso trataron de allanar instalaciones de la UAS- que sirvieran para inventar demandas de abuso de autoridad bajo el falso argumento de que Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga Otero no se dejaban auditar. Para justificar las querellas apócrifas, pero “certificadas” por Jueces de Control a modo, el gobernador ordenó a los medios de comunicación a los que les paga millonarios contratos de “publicidad” que divulgaran todos los días que en la UAS se hacía mal uso de los recursos, narrativa creada obviamente para deshonrar la imagen de los directivos universitarios.
Sin ninguna competencia, sin facultades legales, el gobernador también se metió de lleno al invento de otros delitos contra los directivos universitarios “pasándose por el arco del triunfo” las investigaciones contables, financieras y administrativas que la Auditoría Superior de la Federación ha aplicado a la UAS, auditorías en la que nunca ha encontrado desvíos ni ningún daño patrimonial a la Casa Rosalina ni a la SEP ni a la SHyCP. La Fiscalía tampoco tiene jurisdicción en materia fiscal sobre la máxima casa de estudios. En sí, la Universidad no depende del Gobierno Estatal ni es parte de la estructura orgánica de la Secretaría Estatal de Educación Pública y Cultura, sin embargo, Rubén Rocha le fabrica delitos producto de su perversa imaginación.
En la lucha legal que libra la UAS contra toda la estructura del gobierno estatal, los Jueces de Distrito determinaron que no existen los abusos de autoridad y decretaron como insubsistentes, carentes de argumentación jurídica, las vinculación a proceso dictadas por los Jueces locales rochistas contra el encargado del despacho de Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero y el Rector separado temporalmente Jesús Madueña Molina precisamente por abusos de autoridad, montajes en el que se coludieron la auditora Emma Guadalupe Félix, la Fiscal Sara Bruna y los jueces locales.
Los Jueces Federales determinaron que la ASE no es competente para auditar los ingresos propios y sentenciaron que esos ingresos no forman parte de la cuenta pública porque se consideran ingresos privados. En las resoluciones los Jueces de Distrito ordenaron a los Jueces del Control dejar insubsistentes los autos de vinculación a proceso y en las nuevas audiencia cerrar los casos. En las audiencias los jueces de control deberán considerar que la ASE no tiene facultades para auditar los ingresos propios.
Las sentencias cayeron como “balde de agua fría” en temporada de invierno en el Tercer Piso del Gobierno del Estado, en donde el gobernador Rubén Rocha marcó de incompetentes a sus asesores jurídicos; la rabieta salpicó a periodistas y medios de comunicación -impresos, digitales, televisivos y radiales-, a cuyos dueños Rocha Moya somete a sus caprichos con la entrega de millones de pesos amparados con el disfraz de contratos “publicitarios”. Se cayó la narrativa del abuso de autoridad y el falsario sonsonete de que las autoridades universitarias no se dejan auditar.
