Álvaro Aragón Ayala
Ciudad de México.- Directivos de la Auditoría Superior de la Federación no avalan, no certifican ni respaldan las demandas por presunta corrupción que el gobernador Rubén Rocha Moya inventó contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ratificaron con las últimas 10 auditorías practicadas al alma mater que ejerce con honestidad y transparencia el presupuesto -recursos federales y federalizados- que le otorga el gobierno de la República.
De acuerdo a los resultados de las fiscalizaciones, para David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades de la UAS no han incurrido en desvíos de recursos, ni en saqueos ni en daños al patrimonio de la Universidad ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni a la Secretaría de Educación Pública y los únicos “referentes, argumentos o números válidos” para acusar de presunta corrupción los responsables de la Casa Rosalina “son los que arrojan las auditorías federales”.
“Otros números, otras supuestas ‘auditorías’, otras supuestas ‘investigaciones’ no cuentan, carecen de legitimidad y sustento jurídico para acusar de corrupción”, pues, la única facultada para realizar investigaciones contables o auditorías comunes y forenses a las Universidades autónomas es la Auditoría Federal de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
David Colmenares está sumamente sorprendido por “la ligereza” con que el gobierno de Sinaloa acusa a los directivos de la UAS sin tomar en cuenta las auditorías de la ASF, más cuando no hay elementos probatorios y si los hubiera la Auditoría Federal ya hubiera pedido la intervención de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República para que abriera carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha, al margen de las leyes federales que rigen la vida de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin tener ninguna facultad o soberanía fiscalizadora, sin el peso legal de las auditorías formales, instrumentalizó a la Fiscalía General de Justicia, al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, a la Auditoría Superior del Estado, al SATES y a la UIPES para que fabricaran denuncias penales por presunta corrupción contra las autoridades de la UAS.
Las denuncias del gobernador se derivaron del rechazo de los directivos de la Universidad a cederle el control de la máxima casa de estudios y de la oposición a la Ley General de Educación Superior de Sinaloa, decretada como inconstitucional por los Jueces Federales. El número de demandas contra los directivos “es impresionante” y ha ido escalando a raíz de la impugnación a la reforma a la Ley Orgánica de la UAS elaborada a espaldas de la comunidad universitaria.
Rubén Rocha inventó carpetas judiciales con el apoyo de “investigaciones periodísticas”, sin peso jurídico-procesal y una aparatosa estructura de comunicación-difusión pagada con dinero público, la cual se encarga de publicar la “corrupción” por él inventada, avalándolas como si se trataran de verdades plenas pese a que carecen de la aprobación de la Auditoría Superior de la Federación. Los señalamientos le han servido al gobernador para “justificar” su injerencia en la UAS y perseguir a los universitarios.
