Felipe Guerrero Bojórquez/ FG Noticias
La del gobierno de Rubén Rocha no solo es una crisis de inseguridad, sino también de credibilidad. El gobierno estatal vive un trance sin precedentes en las últimas décadas, y se debe sin duda a la falta estructural de Estado de Derecho para detener o disminuir la guerra entre los grupos del crimen organizado.
Hoy, a pesar de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no había investigación sobre el caso Mayo-Cuén, anticipó que tampoco había elementos para culpar al gobernador Rubén Rocha de estar involucrado en los hechos, pero también agregó que se le está solicitando información al gobierno de Estados Unidos, lo que se puede interpretar que de ello depende si el ejecutivo estatal tuvo que ver o no en los hechos del 25 de agosto.
El problema de fondo no estriba solamente si el gobernador es responsable o no de un hecho específico, sino en la debilidad de los gobiernos ante conflictos violentos y el involucramiento institucional con los grupos de facto, a los que se beneficia con concesiones y contratos por haber aportado dinero y operado electoralmente a favor de los que ahora ostentan el poder.
Y, ciertamente, en el caso de Sinaloa al gobernador Rocha se le ha mencionado directamente como parte de esta trama que acusa financiamiento a su campaña política presuntamente con dinero malhabido y luego, como pago a esos favores, ceder espacios institucionales a una serie de personajes a quienes se les señala de tener relación directa con el crimen organizado.
Cierto o no, es esta parte la que ha provocado una crisis política sin control y un severo daño a la imagen de un hombre que, como Rocha, llegó al poder con buenas credenciales. Los señalamientos le han pegado en la línea de flotación de su otrora credibilidad. Hoy es cuestión de asomarse a sus redes sociales para advertir que cada vez que sube un contenido, la gente le falta al respeto. Y en contraste muy pocas opiniones positivas generalmente de parte de sus funcionarios.
Al grave problema de inseguridad pública se le suma la carencia de grandes obras estratégicas para el desarrollo social, más allá de las pavimentaciones de calles y algunos caminos que, estrictamente, corresponden a los gobiernos municipales y que se incluyen en la agenda financiera del gobierno estatal.
La guerra entre la chapiza y la mayiza llegó a niveles insospechados. Y la única manera de pararla es que entre ellos se pongan de acuerdo. No hay otra, porque al gobierno no le alcanza la institucionalidad para poner orden en estos niveles y porque históricamente hay evidencias de que forma parte del problema. En esto último precisamente estriba su debilidad.
Ciertamente, en muchas regiones del país no hay autoridad porque ésta fue cedida en buena parte a los grupos criminales, a los que se dejó crecer sin límite, y los que ahora cobran factura porque le han metido mucho dinero a las campañas políticas de no pocos de los que ahora están en el gobierno, o militan en algún partido político.
Por eso los desacuerdos y fracturas entre los grupos del crimen organizado impactan al gobierno y, en este caso, a la sociedad quien es la que más sufre las consecuencias de esta trama histórica ahora en crisis.
Independientemente de que el gobernador Rocha esté o no involucrado en temas de narcopolítica y los señalamientos en la muerte del Maestro Héctor Melesio Cuén, la crisis de inseguridad está instalada, permanece y se desarrolla con consecuencias fatales en la economía de Sinaloa, particularmente en Culiacán; una ciudad tomada por los grupos en pugna, cuyos habitantes son prisioneros del miedo en sus propias casas, muchos de ellos sin dinero porque viven al día y otros con pequeños y medianos negocios ya tronados por las circunstancias violentas.
Si el problema de la violencia y el narcotráfico son históricamente estructurales, de poco nos sirve que en Sinaloa se lleve a cabo la reunión nacional de seguridad pública si solo quedará en una «evaluación», evento anunciado para este día por la presidenta Sheinbaum y que será encabezada por el General Secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla y por el Secretario de Seguridad Pública Nacional Omar Garcia Harfuch. No se trata de que por el hecho de reunirse aquí, en automático se resolverán o minimizarán los hechos de violencia, se trata de que exista una estrategia de seguridad nacional sustentada en un modelo de verdadero combate a los grupos criminales; de que el gobierno vaya a la ofensiva y ataque el centro de la operación criminal.
Sino se toman decisiones en ese sentido y se sigue ponderando el absurdo convenenciero de los abrazos y no balazos, el poder fáctico seguirá avanzando en la toma y control de más regiones del país hasta pasar del Estado con regiones fallidas, a un narco Estado.
En Sinaloa, como cuna del narcotráfico, emerge hoy el verdadero poder criminal y la supeditación estructural del gobierno estatal y federal a esta fuerza. Por eso se da ahora la coyuntura de ser o no ser; de esperar a que los grupos en guerra se pongan de acuerdo y regrese la pax narca con todas sus consecuencias posteriores, o bien que las nuevas autoridades federales demuestren que están dispuestas a aplicar la ley y a fortalecer el Estado de derecho.
