Álvaro Aragón Ayala
Ciudad de México. – La ausencia de investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa en la localización de los desaparecidos se escuda en la categorización socio-delictiva de las personas “arrancadas” de sus hogares. Ese importamadrismo de la Fiscalía retumbó hoy 3 de septiembre en Palacio Nacional ya que la exigencia de justicia llegó al despacho de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En Sinaloa, el colectivo de búsqueda “Sabuesos Guerrera A.C.», realizó una manifestación de protesta y exigencia en medio de la ola de violencia que azota la entidad. El reporte es espeluznante: en un mes han desaparecido 240 personas, de las cuales 195 sigue sin saberse de su paradero, 35 fueron liberadas sanas y salvas y 10 más fueron halladas sin vida. La marcha inició por la calle Obregón, frente a la Catedral de Culiacán y cerró con un plantón en la Fiscalía.
La lectura que arrojó la manifestación es desgarradora: nadie investiga las desapariciones. Las autoridades están “cruzadas de brazos” y no atienden los reclamos de las familias de las víctimas, a quienes criminalizan y señalan que han sido “levantados” porque “andaban en malos pasos”, porque “pertenecían a algún grupo del cartel” o que “se dedicaban al asalto o al robo, por eso les pasó lo que les pasó”.
Como parte del engranaje estatal que alienta la impunidad y en consecuencia la violencia, la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo no investiga, pues, las desapariciones y actúa bajo la premisa de una “moral cruel”, no prescriptiva ni punitiva, para proteger a quienes se encuentran bajo su manto categorial y justificar la eliminación de quienes han sido excluidos del rango de los buenos, los positivos, los humanistas y los nobles por el hecho de ser “esfumados”.
Detrás del pretexto de que no se investiga “porque eran personas que andaban mal” se esconde un principio cruel: el exterminio de los que no encajan en la “moral” de la Fiscal y de las autoridades estatales. El procedimiento de la crueldad se caracteriza por definir como criminales a los desaparecidos, clasificándolos, herrándolos para no darles el trato de seres humanos. Denigrar a las personas permite a la «buenas conciencias» archivar las denuncias.
Con consignas como “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “¿Dónde están?” “¿Dónde están nuestros hijos dónde están?”, integrantes del colectivo tomaron las calles exigiendo a las autoridades que se haga justicia y demandando la pronta localización de sus hijos, hermanos, padres, sobrinos y nietos que han sido víctimas de la escalada de violencia en Sinaloa.
Para colmo de males, María Isabel Cruz Bernal, de “Sabuesos Guerreras”, reveló que grupos de delincuentes están aprovechando la ola de violencia “’levantado» jóvenes y pidiendo rescate de 150 o 50 mil pesos, y creo que una familia de escasos recursos ¿de dónde va a agarrar esa cantidad? creo que nadie la tenemos en estos tiempos. Hay familias que han pagado, pero su familiar aún no aparece”.
La Fiscal de Sinaloa, producto de las componendas y las redes del poder de un estado fallido, el de Sinaloa, reduce su función a la silenciosa argumentación y al balbuceo de que “andaban mal” y que por eso fueron desaparecidos, y no ofrece un marco referencial más comprensivo que permita valorar el enfoque de su “defensa”. La meta codiciada del Estado Mexicano es la protección eficaz de la sociedad, no la criminalización de los desaparecidos, que conste.
