Susana Camacho
El proceso de reforma constitucional a los poderes judiciales fue sólo la primera muestra de que ahora el valor y la interpretación de la Constitución y las leyes serán completamente volátiles. En cada uno de sus pasos, el proceso fue tímidamente ensombrecido con amparos interpuestos por jueces que veían atropellados no sólo sus derechos laborales, sino la garantía constitucional a contar con jueces imparciales, preparados y con experiencia.
Esta situación de incertidumbre jurídica y vulnerabilidad de derechos la tendremos que enfrentar durante el actual gobierno y el tiempo que se logre perpetuar el régimen inaugurado —eso sí… bajo la máscara de constitucionalidad y legalidad.
Una vez que se logró la reforma constitucional y entró al terreno de la normatividad complementaria y la legislación secundaria, la dinámica en el Congreso ha hecho más evidente la inestabilidad jurídica. Días antes a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheimbaum corrió la expectativa de que en la nueva administración se podrían arreglar algunos entuertos de la reforma a través de la legislación secundaria. Esto no fue así.
“Así lo decidió el pueblo…”
Vimos llegar al Congreso una iniciativa de reformas a la legislación procesal electoral, que incluye un nuevo capítulo para la organización de la elección extraordinaria de jueces. Esta iniciativa suscitó una controversia entre la presidenta y el Congreso por el derecho de veto sobre las candidaturas. Además, transgrede el plazo de 90 días para modificar el marco normativo previo a una elección porque el proceso electoral ya empezó. “No importa”, nos dicen los legisladores del partido mayoritario, “así se decidió la reforma constitucional, así lo decidió el pueblo”.
Al mismo tiempo, desde el Congreso vemos lanzada la convocatoria para que el próximo sábado 12 de octubre sean insaculados (metidos a una tómbola) los cargos judiciales que serán votados el 1 de junio de 2025. Con este sorteo y la reforma a la legislación secundaria, pasarán por alto los derechos laborales, los logros en materia de paridad de cargos en el poder judicial federal y la certidumbre del marco de la organización de una elección.
Mientras esto sucede en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos pendientes las suspensiones de amparos que no se acataron durante el proceso de reforma constitucional, la consulta que hicieron juezas y jueces federales sobre la constitucionalidad de la reforma, las controversias constitucionales 286/2024 interpuestas por el Gobierno de Guanajuato y la 164/2024 por el Partido Acción Nacional, que apuntan a que la reforma es contraria a los principios republicanos de división de poderes e independencia judicial, y la rendición de cuentas del gobierno mexicano (que incluye a los tres poderes) en la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 12 de noviembre.
La tormenta de reformas donde se ahoga la justicia
En esta tormenta de reformas constitucionales y legales, y causas, pendientes de resolver en el ámbito jurisdiccional e internacional, las reglas para lograr un sistema de justicia más respetuoso de derechos y transparente ha pasado a segundo plano.
Por ejemplo, en materia penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decretó la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa o automática en el artículo 19 constitucional mediante jurisprudencia X.P. J/1 P (11a.). Esto a partir de la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en el caso García Rodríguez y otros, ya que la prisión preventiva oficiosa atenta contra la libertad de las personas y el debido proceso.
Mientras tanto, en el Congreso se pretende extender el catálogo de delitos de prisión preventiva automática, incluyendo un delito de carácter patrimonial como la defraudación fiscal. Bajo el nuevo régimen constitucional, será tan grave y amerita la cárcel ser señalado de cometer homicidio como no pagar impuestos al Estado, ya que implica quitarle dinero al pueblo.
El país donde se vale transgredir la legalidad
Con los nuevos jueces electos en urnas —cuya preselección depende del partido mayoritario y del Ejecutivo Federal—, la constitucionalización de violaciones a derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa o, de plano, la eliminación de garantías como el derecho a tribunales independientes, quedarán convalidadas.
En el contexto en el que nos encontramos, se banaliza el contenido y los procesos para reformar la Constitución y las leyes. Se vale incumplir procesos legislativos, amedrentar legisladores, pasar reformas sin discusión real. Se vale incumplir la ley. Se vale incumplir suspensiones de amparo o decisiones de la Suprema Corte. Se vale convocar a elecciones sin reglas claras.
Esta incertidumbre además de afectarnos como país en materia de competitividad, disminución de la calidad de la democracia y división de poderes —cuestiones que pueden sonar abstractas, pero que son fundamentales—, implica principalmente que estamos entrando a un régimen donde las personas no tendremos la garantía de tener un mínimo de derechos y que estos se respetarán frente a las autoridades. Es decir, el derecho a la justicia quedó en último plano.
* Susana Camacho es co-coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
