La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia pública para analizar la reforma judicial aprobada en septiembre por el Congreso de la Unión, que fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y contó con el aval de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
En respuesta a una solicitud registrada bajo el número PS 191-1157, la CIDH informó que la audiencia se celebrará el próximo 12 de noviembre de 2024 a las 2:00 p.m. (hora de Washington, DC), y se llevará a cabo de manera presencial en la sede de la CIDH, ubicada en 1889 F Street NW, Washington, D.C., Estados Unidos.
La CIDH solicitó a los asistentes que, dentro de un plazo de 20 días, “envíen a la Comisión un documento escrito donde se resuman los principales aspectos de su exposición”, además de cualquier otra documentación que se considere relevante para la audiencia.
En la audiencia convocada, la delegación conformada por miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) tendrá la oportunidad de presentar de manera oral sus argumentos sobre cómo la reforma judicial vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La delegación pretende que la CIDH tome medidas cautelares que promuevan un diálogo entre el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Las personas que forman parte de la solicitud presentada ante la CIDH son la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de JUFED; Rosa Elena Alonzo Méndez del Colegio de Secretarios y Actuarios Federales, y Víctor Manuel Rodríguez Rescia de DIRESODH.
En septiembre pasado, la CIDH ya había expresado su preocupación sobre la rapidez con la que se aprobó la reforma judicial y las posibles consecuencias para la independencia del Poder Judicial y el acceso a la justicia.
“La CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas. En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”, señaló la Comisión mediante un comunicado.
