Álvaro Aragón Ayala
En pleno curso sobre él de una campaña de linchamiento público, conjugada con una intensa persecución política y judicial y tareas permanentes de espionaje electrónico y de sobrevigilancia por aire y tierra, a Héctor Melesio Cuén Ojeda le retiraron primero la seguridad estatal y luego la federal (Guardia Nacional), para dejarlo solo con intenciones criminales. Ya se cocinaba, entonces, el plan para matarlo.
Después le armaron “un cuatro” para asesinarlo y hacerlo aparecer como vinculado a un grupo mafioso. Se le invitó del Tercer Piso (así lo asienta la sábana de su celular), a una reunión en Huertos del Pedregal a la que asistiría el gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez (hoy Senador) y un grupo de abogados para tratar el asunto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A Cuén no se le dijo que iba a estar ahí el capo Ismael -El Mayo- Zambada.
El ex Rector, fundador del Partido Sinaloense y diputado federal electo, cayó en la celada. En la trampa. Obviamente: se trató de un asesinato político. Sus opositores soñaban, deseaban exterminarlo para que se les facilitara la toma por asalto de la UAS. Tampoco querían que su voz se escuchara en la Cámara de diputados.
La entonces Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, recibiendo indicaciones de “arriba”, armó un expediente con falsos peritajes y con retazos novelescos para sembrar la percepción judicial y social de que el asesinato era producto de un fallido despojo de la camioneta en la que era transportado Cuén Ojeda, a quien un mozalbete -relató Sara Bruna- le disparó en una gasolinera. El montaje lo tumbó la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía Federal ha ido armando la investigación, a la que se sumó una línea de investigación por la acusación penal que enderezó el fundador del PAS por la adjudicación ilícita de obras del gobierno del Estado exhibiendo documentos de desvíos de recursos públicos por más de 2 mil millones de pesos, denuncia que alcanzó a allegados al gobernador.
En el rompecabezas que arma las autoridades federales aparece un nombre clave, el de una mujer: Adriana Margarita Ochoa del Toro, titular de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa. Sí. Ya hay indiciados, personas sobre las que van a recaer órdenes de aprehensión, pero también hay personajes a los que la Fiscalía mantiene en el radar.
Para la FGR Ochoa del Toro es clave para llegar al fondo de la verdad, pues como jefa de prensa del gobierno jugó un papel preponderante en la criminalización, en vida, de Héctor Melesio Cuén Ojeda, y en la deshonra periodística post mortem de que es objeto todavía ex Rector de la UAS, afectando así a su familia y amigos.
A Adriana Margarita, la Fiscalía Federal la identifica como la funcionaria que reclutó y contrató a quienes como propietarios, trabajadores o colaboradores de los medios de comunicación radiales, televisivos, impresos y digitales, abrazaron la encomienda de publicar/difundir difamaciones y calumnias contra el político sinaloense.
Adriana diseñó la campaña de deshonra pública contra Cuén Ojeda creando el “caldo de cultivo” para la justificación del crimen. Es ella la que sigue “meciendo la cuna” y dicta la línea para desacreditar la memoria defuncti del creador del PAS para enterrar la versión del “crimen de Estado”, frenar la demanda de justicia y tratar de impedir que se profundice en el tema del móvil político en las investigaciones federales.
