Ángel Leyva
Han pasado varios días desde que Culiacán perdió su normalidad y la violencia se desató implacablemente. Los “levantones”, robos e incendios de autos, balaceras y enfrentamientos crearon un ambiente de incertidumbre, angustia y miedo que paralizó a gran parte de la sociedad sinaloense.
Aunque las autoridades federales y locales minimizan la situación, se tuvieron que tomar medidas como la suspensión del Grito de Independencia en algunos municipios, además, la pérdida de libertad para sentirse seguros y transitar por los espacios públicos, alteró la vida diaria y comprometió el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes.
Debido a la situación que se vive en el estado, se suspendieron las clases el 12 y 13 de septiembre en algunos municipios. Sin embargo, distintos grupos de docentes y familias solicitaron que esta suspensión se mantuviera hasta que se reestablezcan las condiciones de seguridad para las escuelas.
En un gobierno en el que se pretende minimizar los hechos de violencia e inseguridad, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) anunció que las actividades escolares se reanudarían el 17 de septiembre.
Aunque las escuelas abran y reinicien sus actividades, la violencia seguirá afectando a las y los estudiantes. Muchas familias muestran su preocupación por enviar a sus hijos e hijas a los centros escolares y prefieren evitar el riesgo de enfrentar bloqueos, tiroteos u otras situaciones que los pongan en peligro en su trayecto a las aulas.
En los próximos días, o incluso semanas, se prevé que el ausentismo impacte la continuidad educativa y el aprendizaje de numerosos estudiantes en Sinaloa.
La violencia perjudica en mayor medida a las y los estudiantes que enfrentan mayor desventaja socioeconómica, es decir, profundiza las desigualdades no sólo por el ausentismo o el abandono escolar, sino también por las constantes disputas entre grupos armados en las pequeñas comunidades. Esto y las condiciones poco favorecidas de su contexto impiden implementar otras estrategias, como el aprendizaje a distancia, que ya durante la pandemia demostraron ser limitadas.
Otra consecuencia es el impacto psicológico que enfrentan niñas, niños y jóvenes. Exponerse a la violencia afecta su salud socioemocional y genera estrés, ansiedad, miedo y una sensación de inseguridad permanente que influye en su bienestar.
Lo anterior, no sólo disminuye su capacidad de concentrarse y aprender, sino que también deteriora su confianza para asistir a la escuela.
Este contexto de violencia también repercute en los docentes, pues tienen miedo, inseguridad y angustia por lo que sucede. Enfrentan problemas para transportarse, dificultades para llegar a sus escuelas y temen quedarse atrapados en las comunidades donde laboran y no poder regresar a sus hogares. Esta situación impacta a todas las figuras educativas y no puede ser tomada a la ligera.
Las escuelas deben ser los espacios donde se construye la sociedad a la que aspiramos, se cultive el aprendizaje de las nuevas generaciones y se superen las inercias y barreras que enfrentan los estudiantes para aprender. En este contexto de violencia, la urgencia de garantizar la seguridad en las escuelas es imprescindible.
En ese sentido, las autoridades deben proporcionar información clara y oportuna e implementar medidas efectivas y coordinadas para proteger a toda la comunidad educativa. Ahora más que nunca, se requiere un compromiso firme para proteger y fortalecer el derecho de cada niño y niña a aprender en un entorno seguro.
*Director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa
