Marco Antonio Lizárraga
Es preocupante que los legisladores de Morena en Sinaloa no vean la burrada que van a cometer. Está más que claro que la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa está siendo amenazada por una intervención política preocupante.
Los diputados del Congreso del Estado han decidido avanzar en sus intentos de modificar las condiciones de esta autonomía, basándose en la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, que actualmente se encuentra suspendida por un amparo del Poder Judicial.
Este desacato no solo es preocupante por sus implicaciones legales, sino también porque atenta contra uno de los pilares fundamentales del sistema educativo mexicano: la autonomía universitaria.
La Ley de Amparo, en su artículo 262, es clara al respecto: cualquier autoridad que desacate una suspensión definitiva emitida por un tribunal de amparo puede enfrentar penas de tres a nueve años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ocupar otros cargos públicos.
En este caso, el Congreso de Sinaloa está actuando de manera ilegal al no acatar la suspensión que impide aplicar la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual está siendo cuestionada por su constitucionalidad en el juicio de amparo.
Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, establece que las resoluciones emitidas en un juicio de amparo deben ser respetadas por todas las autoridades del país.
El incumplimiento de estas resoluciones, en este caso la suspensión de la ley, constituye un acto de desacato, lo que compromete tanto a los legisladores como a las autoridades responsables.
La autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) está consagrada en la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libertad de las universidades para gobernarse a sí mismas, administrar sus recursos, y establecer sus planes y programas de estudio sin intervención de autoridades externas.
Este principio no es solo una cuestión administrativa, sino un derecho fundamental que asegura que las instituciones de educación superior puedan operar sin presiones políticas o económicas.
Al intentar imponer cambios a la UAS mediante una ley que está suspendida judicialmente, los diputados de Sinaloa están no solo vulnerando la autonomía universitaria, sino también incumpliendo con la obligación constitucional de respetar el marco legal vigente.
Los diputados del Congreso de Sinaloa están obligados a actuar dentro del marco legal. La insistencia en aplicar una ley suspendida pone en evidencia una actitud de desprecio por el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial.
Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el incumplimiento de resoluciones judiciales puede ser considerado como una falta administrativa grave, lo que podría llevar a la destitución de los legisladores implicados e incluso a su inhabilitación para futuros cargos.
Además, como establece la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, el desacato a una suspensión puede llevar a consecuencias penales.
Este tipo de conducta no solo socava la confianza en las instituciones, sino que compromete la estabilidad política y jurídica del estado de Sinaloa.
El Congreso de Sinaloa está incurriendo en un grave error al intentar intervenir en la Universidad Autónoma de Sinaloa utilizando una ley que está suspendida por un amparo.
Las acciones de los diputados, lejos de contribuir a la mejora de la educación, constituyen un acto de desacato al Poder Judicial, con serias consecuencias legales para los involucrados.
La autonomía universitaria es un derecho que debe ser respetado, y cualquier intento de vulnerarlo bajo un marco legal cuestionado pone en peligro no solo a la UAS, sino también el Estado de derecho en Sinaloa. Sólo agrego lo que el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior:
Artículo 2. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley.
Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; así como administrar su patrimonio.
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3º Constitucional.
Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado
Habla que es en este caso, la UAS debe de proponer, formar, redactar y aplicar esa consulta, NO EL CONGRESO DEL ESTADO. Por donde le busquen, tienen una pared enfrente. Pero bueno, no digan que todo mundo se los dijo.
EN PIE DE GUERRA
La Universidad Autónoma de Sinaloa se ha declarado lista para defender su autonomía ante el Congreso de Sinaloa que aprobó realizar una consulta para modificar su Ley Orgánica, ignorando un amparo judicial que suspendía la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa.
La UAS califica esta acción como un atropello a su derecho constitucional de autogobernarse.
El doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de Rectoría, señaló que esta lucha ya no es solo local, sino nacional, y recordó que la autonomía universitaria es un derecho protegido por la Constitución.
El Congreso, en un proceso apresurado, aprobó la ley sin atender las advertencias de la UAS, que ahora se prepara para defender su independencia en los tribunales y en las calles. Líderes sindicales y abogados de la UAS han advertido que no existe fundamento legal para que los diputados intervengan en la universidad, calificando su actuar de ilegal y anticonstitucional.
La comunidad universitaria está unida y dispuesta a movilizarse si es necesario, en defensa de la libertad de pensamiento y la autonomía universitaria.
Este conflicto representa un desafío mayor para las autoridades estatales, que deberán reconsiderar su postura si quieren evitar un enfrentamiento con una institución respaldada por la ley y por su comunidad.
