Álvaro Aragón Ayala
Jorge Ibarra Martínez, presidente de Civitas Universidad, reconoció que la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa “no fue una ley consensuada” con la dirigencia de la Casa Rosalina, planteó que “por los visibles errores de fondo y forma” puede estar condenada al mismo destino que tuvo la Ley Estatal de Educación Superior ( que no es aplicable a la UAS) y consideró que la institución es una de las más valiosas en el estado, y vincularla con el crimen organizado no es apropiado “no le hace justicia por todo el aporte que nos brinda en educación.
El académico de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y promotor de las reformas a la Ley Orgánica escribió un interesante artículo que tituló “UAS. Autocrítica y Apertura al Diálogo” que se convirtió en el tema central en el Congreso Local, el Frente Democrático Universitario y el “cartel de jubilados” que a juicio de tirios y troyanos intentan tomar por asalto la Universidad para implementar el gobierno de los viejos o de trabajadores en retiro -gerontocracia y jubilocracia- con un esquema “democrático” que empodera el voto de los estudiantes por encima de profesores, investigadores, autoridades y empleados administrativos.
“El Congreso del Estado aprobó finalmente la tan anunciada reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta normatividad, sin embargo, no pone fin a las controversias entre el Consejo Universitario y el Congreso del Estado. Por el contrario, este es apenas el inicio de una nueva etapa del conflicto que se vive desde febrero de 2022. Al no ser una ley consensuada con la dirigencia actual de la UAS, es de esperarse una cadena de amparos y litigios que quizás duren lo que resta del sexenio de Rubén Rocha. Esto debe evitarse a toda costa, pues ha provocado ya un severo desgaste político, económico, académico e institucional para Sinaloa”, narró.
Explicó que “en la búsqueda de una nueva ruta de diálogo y entendimiento, quienes hemos participado de alguna manera en este proceso de cambio, estamos obligados a la autocrítica y a la reflexión serena. Quizá sea el momento de atender al llamado que hace el Presidente López Obrador, para que las partes involucradas se sienten a platicar y en conjunto elaboren una nueva propuesta que sea útil a toda la sociedad sinaloense”.
Puntualizó que siempre hay algo en lo que se puede ceder para allanar el camino a los acuerdos. “Sinaloa vive momentos difíciles por la violencia desbordada, y nuestras instituciones y quienes escribimos para la opinión pública debemos poner ejemplo de concordia y civilidad. Al calor de las discusiones políticas, yo mismo en este espacio he realizado pronunciamientos públicos indeliberadamente sesgados, que me fueron señalados por las autoridades universitarias, por contribuir al encono y también al estigma de la Universidad Autónoma de Sinaloa”.
“Por eso quiero hacer una autocrítica abierta relacionada a dos de mis columnas publicadas el 15 y 29 de agosto pasados, donde puse en entredicho la esencia plural de la UAS y la reputación del conjunto de sus autoridades. Si mis comentarios ofendieron a alguna persona en particular, ofrezco una disculpa. Debo corregir porque la UAS es una de las instituciones más valiosas en el estado, y vincularla abiertamente con el crimen organizado no le hace justicia por todo el aporte que nos brinda en educación”, añadió.
Consideró que “a pesar de las circunstancias poco favorables de la coyuntura, no es apropiado calificar a la UAS como una narco universidad; su diversidad, densidad académica y aporte al desarrollo regional son muy valiosos” y patentizó que “entre los universitarios, incluidos aquellos que ocupan puestos directivos, aparecen figuras notables de la cultura y la ciencia en nuestro estado, y por lo tanto sería equivocado no reconocer los esfuerzos que se hacen desde dentro de la UAS para promover la ciencia, el desarrollo y la paz”.
El dirigente de Civitas Universidad se dijo dispuesto a criticar, reconocer errores y proponer alternativas que sirvan para distender el conflicto en la UAS, en beneficio de todos sus estudiantes, profesores y trabajadores que aguardan mejores condiciones académicas y laborales. “Pasada la euforia inicial por la aprobación de la reforma universitaria, hemos de reconocer que lamentablemente esta no es, por su contenido, la ley que necesitaba la UAS para construirse un nuevo futuro”, sostuvo.
Señaló que “aunque el documento aprobado tiene una serie de avances en paridad, democracia, gratuidad y equidad de género, sus ausencias la hacen vulnerable a críticas de quienes esperaban una reforma más integral y coherente. Se advierte que no fueron tomadas en cuenta las principales inquietudes plasmadas en las 36 propuestas entregadas al Congreso. Pongo atención en tres elementos que, de haber sido contemplados, hubieran robustecido la democracia, la legalidad y la preponderancia académica en la Casa Rosalina”.
Para Jorge Ibarra “lo primero es que se desechó la idea de fortalecer al Tribunal Universitario como un órgano de control de la legalidad y con ello se mantienen irrevocables las decisiones del Consejo Universitario como autoridad suprema” y luego “se descartó la exigencia de eliminar la figura de la reelección rectoral, y con ello se deja abierta la posibilidad de que cualquier grupo permanezca en la administración hasta por ocho años”.
“Finalmente, se quitaron todos los requisitos de idoneidad que aseguraban la solvencia académica de la persona a ocupar la Rectoría. Sería muy lamentable enterarnos que esta eliminación, que no tiene sentido para una institución de educación superior, hubiera sido hecha pensando en impulsar alguna candidatura en particular que no cumple estos requerimientos”, explicó.
Precisó que “siendo más observadores, en la reforma se perciben errores técnicos que comprometen su promulgación. El artículo cuarto transitorio contempla un proceso de elección simultánea entre la Rectoría y el Consejo Universitario. Esta disposición es problemática toda vez que es el Consejo el que al final debe dar nombramiento al nuevo Rector, pero si el cambio se hace de manera simultánea, no habrá consejeros que tomen protesta al Rector recién electo”.
Razonó que “otro aspecto que seguramente ocasionará inconvenientes es el relevo de consejeros universitarios. La nueva ley estipula que será hasta abril de 2025 cuando se haga la renovación, sin embargo, si la ley es impugnada y se logra la suspensión, entonces en noviembre de este año se elegirán consejeros bajo el esquema anterior, y una vez electos, estos consejeros ya no podrán ser depuestos hasta culminar los dos años que dura su periodo”.
“Por la premura, pragmatismo y falta de consenso en su aprobación, pero sobre todo por los visibles errores de fondo y forma, esta reforma puede estar condenada al mismo destino que tuvo la ley estatal de educación superior, y si eso ocurre, el conflicto que tenemos enfrente promete prolongarse por mucho más tiempo, si no es que antes se realiza un pacto por el bien de Sinaloa”, comentó.
Invitó a hacer una pausa para reflexionar. “Partamos del supuesto que ya existe un consenso entre las partes sobre la necesidad de actualizar el marco normativo de la Universidad, y que el conflicto radica puntualmente en la manera de realizarlo. Siendo así, el Gobierno necesita cambiar la estrategia. No se puede ganar en todo. Las autoridades de la UAS a su vez deben ser más flexibles. Los tiempos no juegan a favor. Hay que estar dispuestos a reconocer errores y proponer alternativas para el diálogo”, finalizó.
