Enrique Hernández
La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) crea un régimen opaco y con falta de rendición de cuentas, así como es un retroceso democrático y contradice disposiciones constitucionales de la seguridad pública en México, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Hay una serie de riesgos el dictamen de reforma aprobado en la Cámara de Diputados, el cual adscribe el control formativo, operativo, administrativo, jurisdicción militar para la secretaría pública, entre otros factores, de la Guardia Nacional a la Sedena, manifestó el organismo patronal.
“Este cambio representa un riesgo significativo para el orden constitucional de nuestro país y para el estado de derecho, al vulnerar el principio de control civil sobre las fuerzas de seguridad”, expresó el organismo empresarial dirigido por José Medina Mora Icaza.
Desde la creación, la Guardia Nacional fue concebida como una institución de carácter civil que respondiera a la creciente demanda de seguridad pública, recordó.
Con esta reforma, se abre la puerta a una militarización de las funciones de seguridad, un enfoque que podría generar riesgos importantes en materia de posibles violaciones a los derechos humanos y limitar el acceso a la justicia para los ciudadanos, señaló.
La militarización de la seguridad pública contradice disposiciones constitucionales e incluso convencionales que establecen el carácter civil de las fuerzas de seguridad, además, es un retroceso democrático, ya que puede tener implicaciones serias sobre la confianza de los inversionistas en el país, afectando el clima de negocios al generar incertidumbre en cuanto al respeto de las instituciones y el estado de derecho, agregó.
“Esta reforma contradice varios artículos de la Constitución Mexicana, en particular el artículo 129, que limita la participación militar en tiempos de paz, y el artículo 13, que restringe la jurisdicción militar a asuntos estrictamente relacionados con militares en actos de servicio”, consideró.
Al aprobarse una medida que desafía estos principios constitucionales, se genera incertidumbre jurídica, debilitando la confianza en las instituciones y afectando el entorno necesario para el crecimiento y desarrollo económico del país, expresó.
La Coparmex detalló que le preocupa la redacción del artículo 21 Constitucional, ya que es fundamental que México mantenga una clara separación entre las fuerzas encargadas de la seguridad pública y las instituciones responsables de la investigación y persecución de los delitos.
Precisó que la independencia del Ministerio Público y el respeto por los derechos humanos debe ser un pilar central de cualquier política de seguridad en el país.
Con la reciente propuesta de reforma constitucional que permitirá a la Guardia Nacional colaborar en investigaciones con los Ministerios Públicos es una señal preocupante de la creciente militarización de las funciones civiles en México, poniendo en riesgo el equilibrio de poderes y el sistema de justicia, dijo Coparmex.
El Ministerio Público, como institución civil, debe garantizar la imparcialidad en la investigación de delitos. Integrar a la Guardia Nacional compromete su independencia y aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos, señaló.
“Las fuerzas militares, enfocadas en la defensa del país, no deben asumir funciones de justicia, que requieren la profesionalización de las instituciones civiles; es crucial que el Ministerio Público mantenga su autonomía para asegurar la aplicación objetiva de la ley”, añadió.
Históricamente, la intervención militar en tareas de seguridad pública ha estado asociada a casos de abuso y violación de derechos, alegando motivos o excepciones que están establecidas en la constitución bajo el argumento de ser acciones enmarcadas en la seguridad nacional, manifestó.
“Reiteramos nuestro llamado al gobierno y a los integrantes del Senado mexicano para que evalúen correctamente esta decisión y mantengan la Guardia Nacional bajo control civil”, dijo.
México necesita instituciones fuertes y alineadas con los estándares internacionales, no estructurales que pongan en duda el respeto a los derechos y libertades fundamentales, acotó.
“Nos mantendremos atentos ante las consecuencias de esta reforma y, en defensa de los derechos ciudadanos, seguiremos impulsando un diálogo abierto y fundamentado que garantice el respeto a la legalidad y el fortalecimiento de nuestra democracia”, concluyó.
