Diego Joaquín Hernández
El próximo año, los mexicanos tendrán la tarea sin precedentes de elegir a sus jueces en las urnas, un proceso descrito como «imposible» por analistas y expertos. Esta será la primera vez en la historia del país que los ciudadanos elijan a 7,000 jueces, incluidos magistrados de la Corte Suprema, lo que ha generado preocupaciones sobre la viabilidad y el impacto de este cambio radical en el sistema judicial, resaltó el diario británico Financial Times.
En la Ciudad de México, los votantes deberán seleccionar jueces para más de 150 puestos de una lista de 1,000 candidatos, la mayoría de los cuales son desconocidos para el público. Para cada uno de estos puestos, los electores deberán escribir hasta 10 nombres preferidos, lo que podría prolongar el tiempo de votación a más de 45 minutos por persona. Jaime Olaiz-González, profesor de teoría constitucional, comentó que «en ningún país se ha propuesto un sistema como este», calificando la votación como una tarea titánica.
Este proceso es parte de una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha argumentado que estos cambios reducirán la corrupción y harán que el poder judicial sea más democrático y responsable. La reforma, aprobada gracias a la mayoría de dos tercios que tiene Morena en el Congreso, despedirá a todos los jueces actuales y los reemplazará en dos fases: la mitad en 2024 y el resto en 2027, señaló un artículo de The Financial Times.
Sin embargo, críticos de la reforma, tanto dentro de México como a nivel internacional, han señalado que este sistema podría socavar la independencia judicial. Human Rights Watch ha advertido que esta revisión podría violar las normas de derechos humanos y abrir el camino a la manipulación política. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó que la reforma representa un «gran riesgo» para la democracia del país, alertando sobre la vulnerabilidad del poder judicial ante el crimen organizado.
Los defensores de la reforma, como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aseguran que se han considerado soluciones para los desafíos logísticos y que el proceso electoral será justo. Sin embargo, algunos sectores empresariales temen que este cambio desestabilice el Estado de derecho y afecte las inversiones, especialmente en un contexto donde los jueces actuales ya enfrentan presiones y amenazas por parte de organizaciones criminales.
La falta de familiaridad de los votantes con los candidatos, la complejidad del proceso y la ausencia de financiamiento público o privado para las campañas judiciales han generado escepticismo sobre cómo funcionará esta votación. Algunos expertos temen que la calidad de los nuevos jueces sea insuficiente, comparando el proceso con permitir que recién graduados en medicina realicen cirugías complejas.
La elección de jueces en México representa un experimento democrático inédito a nivel mundial, cuyo impacto y consecuencias aún son inciertos. A medida que se acerca el 2024, el país se prepara para enfrentar un reto sin precedentes en su historia judicial.
