Ángel Santamaría/ El Universal
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió rechazar las reformas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de la reforma judicial, indicó que «estas propuestas socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales».
HRW indicó que «según los cambios propuestos, se eliminaría la permanencia judicial y los jueces serían elegidos cada nueve años, en elecciones locales en cada distrito judicial, a partir de listas de candidatos seleccionados por el presidente, el Congreso y la Suprema Corte.
«Todos los jueces federales en activo, aproximadamente 1 mil 650, serían separados de sus cargos y sustituidos en elecciones en 2025 y 2027. La iniciativa obligaría a todas las legislaturas estatales a realizar cambios similares en sus sistemas de justicia estatales en un plazo de 180 días, lo que afectaría a unos 5 mil jueces y magistrados estatales», señaló.
Añadió que «la propuesta también reduciría el tamaño de la Suprema Corte, acortaría los mandatos de sus miembros y sustituiría a los actuales en unas elecciones especiales en 2025. También permitiría a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma anónima, de tal manera que los imputados no conozcan la identidad del juez que supervisa el caso».
Añadió que «los legisladores mexicanos, que entran en funciones el 31 de agosto de 2024, deberían rechazar una serie de cambios constitucionales que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas del gobierno (…) Las propuestas también podrían conducir a un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias«.
Detalló que «las propuestas ampliarían la prisión preventiva automática, sustituirían el actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares, eliminarían las restricciones constitucionales que prohíben a los militares llevar a cabo funciones civiles. También desaparecería la entidad independiente y garante de la privacidad y la transparencia gubernamental del país».
«Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían controles establecidos para proteger los derechos humanos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, dijo.
