Ricardo Ramírez Crescencio
La desconexión digital es un derecho que se reguló con la reforma de teletrabajo. Hoy ante una nueva regulación que tipifica como delito de explotación laboral las jornadas de trabajo superiores a la ley, el respeto a los límites de tiempo adquiere un papel más relevante.
“El teletrabajo, al igual que cualquier forma especial de trabajo, debe de ajustarse a las normas aplicables a cualquier relación laboral, a menos que exista alguna disposición expresa por escrito en contrario. En el caso del trabajo remoto, es crucial respetar los límites legales de jornada laboral establecidos para los teletrabajadores”, opina Jaime Rodríguez Eguiarte, socio en Ibarra, del Paso y Gallego.
En junio entró en vigor la reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual amplió el concepto de explotación laboral para incluir los casos en los que la jornada de trabajo exceden los límites establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).
La modalidad de home office no está exenta de garantizar el derecho a jornadas máximas legales. Sin embargo, la dificultad radica en que los trabajadores remotos no suelen registrar tradicionalmente sus entradas y salidas ni las horas efectivas de trabajo, lo que puede complicar la identificación de la explotación laboral.
Además, según lo estipulado en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, se reconoce el derecho a la desconexión digital.
Jaime Rodríguez destaca que las horas de descanso deben ser excepcionales y adecuadamente compensadas para prevenir la explotación laboral, incluso cuando el teletrabajador esté de acuerdo en trabajar más horas.
“Es crucial que el teletrabajador conozca claramente su jornada laboral y los procedimientos del trabajo remoto para asegurar sus derechos”, señala el especialista.
Jimena Sánchez Argoytia, socia fundadora de Employment Legal Aid, explica que la reforma a la ley de trata de personas busca eliminar el trabajo forzoso u obligatorio, estableciendo plazos y compromisos internacionales que México debe cumplir. En este sentido, resalta la importancia de respetar las jornadas máximas permitidas por ley.
Deuda de casi 100 años
Los antecedentes de la reforma se remontan a 1930, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró un convenio para eliminar el trabajo forzoso, al cual México se adhirió ese año. A casi 100 años de esa norma internacional, como parte de las medidas adoptadas, se busca capacitar y proteger a los trabajadores de tiempo laboral excesivo.
Esta es una de las razones por la que el pasado junio se publicó la reforma para sancionar con cárcel las jornadas laborales excesivas, esto incluye la garantía del derecho a la desconexión y evitar horas extras no justificadas.
Por ello, es importante la revisión de contratos, el uso de herramientas tecnológicas para el registro de horas trabajadas y la concientización sobre los derechos laborales, que incluyen el derecho a la desconexión digital.
Jimena Sánchez enfatiza que las empresas tienen la obligación de capacitar y educar a los empleados para cumplir con las normativas laborales, y así evitar que se prolonguen las jornadas de manera no justificada.
“Se establece una sanción por jornadas laborales excesivas, según la Ley Federal del Trabajo. Es clave garantizar el derecho a la desconexión y evitar horas extras injustificadas”, añade la especialista.
Por lo tanto, subraya la importancia de documentar los horarios y asegurar la remuneración correcta.
En este escenario, entre las medidas que pueden tomar las empresas para evitar que se constituya un delito de explotación laboral en el teletrabajo, es proporcionar capacitación para informar sobre los derechos relacionados con la extensión del tiempo de trabajo, utilizar tecnología de medición de horas laborales para el registro y asegurarse de que la remuneración sea adecuada.
Los especialistas sugieren que los trabajadores que sientan que sus derechos han sido vulnerados pueden recurrir a instancias legales como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Dirección General de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para denunciar cualquier irregularidad.
