Un estudio difundido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) criticó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial al advertir que podría fracturar el “núcleo genético de nuestro Estado constitucional”.
Juzgadores dejarán imparcialidad para adentrarse al campo político
En el capítulo 11 del “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, se exponen los daños que provocará esta iniciativa.
Entre ellos, expuso que si se aprueba serán cesados unos mil 665 ministros, magistraturas y judicaturas.
“Generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”, se expone.
En ese sentido, indica que los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes “buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente, y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales mediante criterios de interés político”.
Cabe recordar que la reforma judicial que impulsa AMLO contempla que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular.
“Cuando el Poder Judicial deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia”, apuntó.
Ante ello, enfatizó que sin independencia judicial, “el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder, y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos”.
Buscan mudar naturaleza del Poder Judicial hacia la política
Por su parte, los investigadores César Iván Astudillo y Javier Martín Reyes calificaron como regresiva esta propuesta debido a que generará “un daño mayúsculo”.
Para ello, argumentaron que la independencia judicial se vería comprometida en primer lugar dependiendo de su nominación, si fue propuesto por el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
“Lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”, explicó Martín Reyes.
En ese sentido, apuntaron que grupos de interés como sindicatos, empresarios, medios de comunicación y partidos políticos pueden interferir en el proceso de elección de los jueces para favorecer a un candidato, lo cual comprometería definitivamente sus futuras decisiones y fallos.
“Su intención es mudar la naturaleza del Poder Judicial de la Federación (PJF) para hacer de él un nuevo cuerpo representativo, orientado hacia la política, alejándolo de sus condicionamientos actuales que le imponen una actuación técnica, neutral y especializada”, expuso Astudillo.
Por último, destacan que la independencia judicial no es un privilegio de las personas jugadoras, sino un derecho de los ciudadanos para contar con jueces neutrales.
Con información de Latinus y La Lista
