El Senado de la República aprobó este miércoles reformar la Ley de Amnistía que faculta a la persona que ejerza la presidencia a “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano” y la envió a la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación.
La ley, que se aprobó con 67 votos a favor de Morena y aliados y 32 en contra de la oposición, amplía las facultades del Presidente de la República “para liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos”.
El coordinador del Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la reforma a la Ley de Amnistía “tiene el propósito de aclarar la verdad histórica de hechos en los que se cometieron asesinatos colectivos, como en los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, en septiembre de 2014, o el de Tlatlaya, en el Estado de México, en junio de 2014.
Dijo que también está pendiente aclarar los hechos que acontecieron en Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán, entre otros, relacionados con asesinatos que se cometieron durante los gobiernos pasados y “nuestra obligación es llegar a la verdad”.
Explicó que la reforma al artículo 9 de la Ley “pretende otorgar inmunidad” a quien proporcione información “comprobable y verificable” de asuntos relevantes para el Estado mexicano.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que “la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.
Agregó que no se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo pues se establecen varias situaciones para que esta proceda.
En su turno, el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la iniciativa también busca “empoderar al poder” y le da trato de “rey absoluto al Presidente, sin contrapesos, él en sí mismo es la ley”.
Mientras que la senadora independiente, Claudia Ruiz Massieu, precisó más que ser una amnistía en realidad es un indulto.
También en contra se expresó la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, quien rechazó que esta reforma coadyuve al esclarecimiento de la verdad, pues no cuenta con condiciones como las que se han establecido en otras naciones para otorgar amnistía, como dejar las armas, no reincidir, reparar a las víctimas o participar en procesos de educación, cuyo mejor ejemplo de la región es el Acuerdo de Paz para Colombia.
Por parte del PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, denunció que el gobierno actual actúa con hipocresía, ya que prometieron garantizar el derecho a la verdad y ayudar a las víctimas de este país, por lo que esta reforma es contraria a lo que el Ejecutivo prometió hace seis años; “¿a quién se quiere perdonar?, cuestionó.
Previamente, el Pleno desechó, con 63 votos en contra y 30 a favor, una moción suspensiva presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN; su coordinador, Julen Rementería del Puerto, acusó que con este proyecto de reforma se le da un “poder omnímodo” al titular del Ejecutivo federal, y advirtió que esa facultad “se les puede revertir” en un futuro a quienes la apoyen.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Rementería señaló que las reformas a las leyes de Amnistía y de Amparo “ponen en riesgo el orden institucional del país”.
“Ponen en peligro el orden constitucional del país. Sobre todo la de amnistía, que da poder casi omnímodo, inusitado, que no requiere como otros delitos en la propia ley de amnistía de controles judiciales. Puede liberar a quien quiera cuando quiera, no importa cuantos años haya transcurrido”, aseveró el coordinador del PAN.
Denunció que no existe “claridad puntual” en cuanto a las motivaciones de esta iniciativa, además de que dan al presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, la “posibilidad de decidir a quién perdonar y a quién no”, pasando “por encima de cualquier disposición judicial que haya puesto en prisión a cualquier persona”.
“Él va y lo perdona. Debe haber circunstancias, requisitos a cumplir, y aquí no los propone. Lo deja abierto”, dijo.
