Fernando Díaz Naranjo
En un sistema democrático existen varias características que lo distinguen, entre otras, la libertad de expresión y de opinión y, con ella, los seres humanos gozan de la potestad de poder expresarse conforme a sus convicciones e ideas por las vías institucionales creadas para ello.
En un sistema democrático nuestra opinión de un determinado asunto está, además, protegido por la Constitución Política que ha definido estos preceptos como derechos humanos que, de acuerdo con este ordenamiento legal, tiene la obligación de hacer preservar.
Así, la máxima expresión de nuestras libertades y las restricciones a los que estamos sujetos para lograr una sana y plena convivencia en sociedad se registra cada vez en que se renueva el poder público.
Las elecciones son un referente de nuestro sistema democrático en donde la ciudadanía, con su derecho al sufragio define el rumbo de este país para los próximos 6 o 3 años según el cargo público que corresponda.
Y dentro de las elecciones existen momentos cúspide en la renovación de los cargos públicos que están en disputa. Para la presente elección, hablamos de más de 20 mil cargos de elección popular que, multiplicados por las coaliciones o partidos políticos, suman una cifra exponencial.
Ahora bien, dentro del proceso electoral en marcha existen etapas que son fundamentales como las campañas electorales, en las que nos encontramos inmersos y cuya finalidad es que los actores políticos, candidatas, candidatos, coaliciones y partidos políticos conozcan, fundamentalmente, las ofertas que tienen para el electorado y éste, el día de mañana, decida su voto de acuerdo con sus intereses.
Para ello, una de las etapas que siempre resultan emblemáticas, son los debates entre las distintas candidaturas y fuerzas políticas.
Los debates son esos espacios coordinados para su realización por parte de la autoridad electoral administrativa, con base en la legislación electoral federal, para que los contendientes a algún cargo de elección popular expresen sus propuestas que, en teoría, deben estar encaminadas al bienestar de la población de mexicanas y mexicanos.
En este sentido, los debates, sobre todo pensando en la renovación del Poder Ejecutivo, deben ser un referente de exposición al electorado de propuestas, de políticas públicas y de programas que beneficien a la sociedad. Las diferencias, que son naturales, se debaten con argumentos con hechos y con fundamento.
No obstante, desde hace ya varios años los debates se han convertido en un ring de box, en donde más que las propuestas, en ocasiones abundad las acusaciones -ciertas o falsas-; el enfrentamiento directo entre las candidaturas punteras, en desacreditar al rival a como de lugar, entre otras linduras que se renuevan elección tras elección.
¿Qué ve la ciudadanía? En ocasiones un descredito de los que pudieran ser nuestros representantes populares, acusaciones, unos argumentos verdaderos, otros falsas, dimes y diretes, presentación de pruebas de actos de corrupción, por ejemplo, que, al transcurrir de los meses quedan en el olvido, y al final, las propuestas presentadas son menores.
A nivel federal se llevó a cabo el primer debate presidencial el pasado 7 de abril bajo un formato específico en donde, además, participaron todas las representaciones de los partidos políticos.
¿Qué observamos en el debate? Además de cobertura mediática muy importante, un descrédito del prójimo o del contrincante, por decir lo menos.
Lo que un debate debería ser, es un espacio abierto de ideas en donde las preguntas que se formulen sean contestadas en el momento y no darle la vuelta como algunas candidatas hicieron en el anterior debate.
Ahora bien, la legislación electoral exige dos debates, el INE aprobó tres, lo que me parece un gran acierto. Los dos que siguen, bajo un formato ya especificado por el INE tendrán verificativo el 28 de abril y el 19 de mayo, respectivamente. Ya veremos el nivel de confrontación.
Esperamos que el segundo y tercer debate esté encaminado a resolver las dudas de las personas electoras y no presenciar los dimes y diretes que, al final, no nos permiten observar cual es la mejor oferta para la ciudadanía.
¡Veremos!
