S. Gacría
Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron un dictamen para sancionar el delito de ‘cobro de derecho de piso’ con hasta 12 años de prisión y de 80 a 120 días de multa a quien lo cometa.
El dictamen contemplas reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de considerar el cobro de derecho de piso como un acto de la delincuencia organizada.
El dictamen tiene la finalidad de sancionar a quien realice actos para “coaccionar a personas físicas o morales para obtener recursos pecuniarios, en especie o de cualquier otra índole, para sí o para otro, a cambio de no interferir en que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, mediante el amago, el empleo de la fuerza, o cualquier otro medio de amenazas”.
La coacción, señala el dictamen, se sancionaría cuando se realice de manera directa o a través de cualquier dispositivo o tecnología, hacia la persona, a miembros de su familia, trabajadores o propiedades.
Los legisladores que integran las comisiones encabezadas por Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña consideraron que es fundamental que el cobro de derecho de piso sea considerado como un delito de la delincuencia organizada, ya que eso permitirá tener una respuesta más coordinada y efectiva por parte de las autoridades.
Los senadores también aprobaron reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de procurar la reinserción social de las personas adolescentes de manera especializada.
La propuesta busca que la prevención y atención de la reincidencia se contemplen desde la concepción misma de la reinserción social, pues ello marcaría la pauta desde el propio concepto legal para que las autoridades penitenciarias puedan desarrollar programas, planes y actividades que atiendan con una mayor integralidad el tema de la reinserción.
