Romina Román Pineda
La obligatoriedad de los seguros de autos y daños son temas que continuarán en las mesas de negociación entre la industria aseguradoras y las autoridades estatales y federales.
En el caso de autos, el 80% de los Estados ya contempla la obligatoriedad en las pólizas de responsabilidad civil, lo mismo ocurre a nivel federal en carreteras, sin embargo, el punto débil es la fiscalización, ya que en la actualidad no se verifica el cumplimiento y en consecuencia no se aplican medidas correctivas en caso de no contar con una protección.
Desde hace varios meses se plantea a las autoridades y legisladores la posibilidad de incluir en el pago del predial un seguro de daños a bajo costo que proteja a las viviendas de desastres como sismos o Huracanes, sin embargo, todavía hay dudas por parte del gobierno, ya que hay el temor de que se considere como un impuesto adicional, cuando la intención es eliminar presiones adicionales a las finanzas públicas cuando ocurren fenómenos naturales de grandes magnitudes.
La obligatoriedad permitiría aumentar la participación del sector asegurador en la economía, ya que todavía falta mucho por hacer. En la actualidad, una de cada cuatro personas cuenta con una cobertura, mientras que en naciones desarrolladas esta cifra llega al 100% de la población.
Nos adelantan que los seguros de responsabilidad civil y daños se tratará en la 33 Convención de Aseguradores en la que se analizarán otros temas como cambio climático, gestión del riesgo y aseguramiento, el futuro de la salud, mega tendencias del seguro y su papel en una economía resiliente, entre otros.
Se espera que la inauguración esté a cargo de Juan Patricio Riveroll, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Gobierno de Durango ¿en problemas?
Hace unos días el gobierno de Durango emitió un decreto para expropiar el Centro Logístico Industrial y de Servicios de la entidad, lo que afirman los afectados, es una decisión anticonstitucional.
Nos cuentan que si bien el artículo 27, segundo párrafo de la Constitución, faculta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno expropiar bienes de dominio privado por causa de utilidad pública y mediante una indemnización, estos actos no pueden ser contrarios a la propia norma y deben reunir diversos requisitos.
Nos dicen que el decreto declaró como causa de utilidad pública la superficie del inmueble para la instalación y creación de nuevas empresas en el Estado. Esta expropiación se hace extensiva a todas aquellas personas que se ostenten como propietarias o poseedoras de los terrenos y bienes. También se autorizó a tomar de forma inmediata la posesión y se desaloje –por los medios legales– a los poseedores.
Ante esta acción del gobierno estatal, uno de los grupos empresariales que forman parte del Centro Logístico Industrial y de Servicios promovió un juicio de amparo para dejar sin efecto el decreto expropiatorio, por lo que el 3 de abril obtuvo la suspensión definitiva, no obstante, nos adelantan, el tema dará mucho de qué hablar en las siguientes semanas.
Así las cosas…
