Nayeli Roldán
Durante tres meses, Roberto González, de 43 años, acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz, para recoger las dosis de capecitabina, el medicamento que daría continuidad al tratamiento contra el cáncer de colón que padecía. En cada ocasión le dijeron lo mismo: no hay. Por eso es que tuvo que comprarla, a un costo de 9 mil pesos cada caja, que solo le duraba un mes.
Hasta que supo de la organización Justicia vs cáncer, un colectivo de profesionales jurídicos que brindan servicios legales gratuitos para personas afectadas por la falta de medicamentos y atención integral para combatir la enfermedad.
Después de ponerse en contacto con ellos, le asignaron una abogada para ayudarle a formular una demanda de amparo, misma que presentó ante juzgados. Tres días después el juez falló a su favor y con esa resolución se presentó nuevamente en la farmacia del hospital para que le entregaran el medicamento, aunque le pidió una disculpa al administrador, por “haberlo hecho de esta manera (mediante amparo)”, le dijo.
Pacientes acuden al amparo para intentar acceder a medicamentos
La respuesta del funcionario fue inesperada para Roberto. “No, discúlpanos a nosotros porque esto viene desde oficinas centrales. Estas claves no nos las están mandando. No depende de nosotros y tenemos muchos casos así”.
El siguiente mes volvió por su tratamiento, pero nuevamente le dijeron que no había. Otra vez acudió con la organización e interpuso otro recurso, y así lo hizo tres veces más: solo obtuvo los medicamentos a través de amparos. “Por qué tenemos que llegar a esto, a esperar a meter un recurso legal para seguir viviendo, porque eso es: es por nuestra vida”, lamenta.
Crecen 628% los amparos ante desabasto de medicamentos
Roberto no es el único caso. En 2022, se registraron mil 602 juicios de amparo promovidos por desabasto de medicamentos e insumos para la salud, mientras que en 2018 hubo 220 recursos. Esto significa un crecimiento de 628%, de acuerdo con el informe “Radiografía del desabasto de Medicamentos en México 2022”, del colectivo Cero Desabasto.
La información obtenida por el colectivo, a través de transparencia, revela que las demandas de amparo han crecido durante este sexenio. En 2017 solo hubo 229 juicios y en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 220. Al inicio del gobierno de López Obrador se registraron 387, un crecimiento de 75%.
En 2020, el año de inicio de la pandemia hubo 1,092 juicios, y el máximo registrado ocurrió en 2021, con 2,307 procesos registrados ante tribunales colegiados de circuito.
Pacientes pagan medicinas y tratamientos ante desabasto
Roberto pudo resolver el abasto de sus medicinas a través de los amparos, pero meses antes, cuando le detectaron un tumor en el colón que debía ser extirpado de manera urgente, no quiso arriesgarse a esperar meses a que el ISSSTE pudiera realizarle la cirugía, puesto que tardó tres meses solo para tener la primera cita con el oncólogo.
Él y su esposa decidieron utilizar los ahorros de ella para pagar la operación en un hospital privado, que costó 1 millón de pesos. El cirujano que lo atendió le recomendó continuar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia en el ISSSTE, donde es derechohabiente.
Así lo hizo, pero en el ISSSTE, el doctor que lo valoró le dijo que no era necesario realizarle radioterapia y eso lo obligó a también pagarlas en el privado.
Sin embargo, meses después le detectaron perforaciones intestinales. Llegar a ese diagnóstico también le tomó cuatro meses, por eso acudió al hospital privado. Esta vez tuvo que pedir prestado, organizar rifas y sus padres están en proceso de venta de una propiedad para poder pagar esa deuda.
Jorge espero un año para ser operado y lo consiguió con amparos
Otro caso es el de Jorge, de 48 años de edad, quien tuvo que esperar un año y la tramitación de amparos para que finalmente fuera operado de una hernia en un hospital del ISSSTE.
Desde marzo de 2022 acudió a su clínica familiar en Puebla por las molestias. Desde las consultas y luego en los exámenes preoperatorios, “no había día que no escuchara reclamos airados por deficiencias en servicios básicos como rayos X, laboratorios o subrogaciones”.
Una vez cumplido todo el papeleo en el Hospital Regional de Puebla le dijeron que en dos o tres semanas le darían fecha para la operación. Nunca pasó.
Ante la incertidumbre por la falta de respuesta, un compañero de trabajo, abogado, le recomendó interponer un amparo y se ofreció a ayudarle. Así lo hicieron y después de todo el proceso legal, Jorge finalmente fue operado la semana pasada.
Después de leer los reportajes publicados por Animal Político, dice, “confirmo que mi caso es la excepción en un sistema que está desfondado. En mi caso, el amparo al final fue la única opción para forzar a la institución a garantizar lo que debe garantizar”.
