Álvaro Aragón Ayala
En la “tierra de la paz y la tranquilidad” de Rubén Rocha Moya, que en realidad está zambutida en una escalada criminal sin precedente en la historia moderna, Sinaloa se volvió a sacudir con la perpetración de un “culiacanazo silencioso”, un operativo delictivo mediante el cual, con precisión quirúrgica, se “levantaron” a alrededor de 50 personas, mientras el gobernador se rasca el arco del triunfo y sigue destilando mentiras en materia de seguridad y prevención de delitos.
Grupos delictivos sustrajeron de sus domicilios a integrantes de cuando menos 11 familias de Culiacán y rancherías aledañas. Un día antes, en Badiraguato, de donde es originario el gobernador, fueron localizadas tres personas asesinadas, dos de ellos decapitadas, y una camioneta incendiada. La brutalidad con la que se cometieron los crímenes es espeluznante. Para los dos sucesos Rubén Rocha tuvo una respuesta estúpida e irresponsable: “No tengan miedo, son cosas que ocurren, hay autoridad y no está rebasada”.
La ola delictiva se registra en medio de la persecución política y judicial contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a los que Rocha Moya inventa delitos, y en el centro de un escenario electoral en el que el gobernador es acusado de hostigar y amenazar a los candidatos de oposición. En esta ocasión fue prácticamente imposible que los medios de comunicación pagados por el gobierno ocultaran los asesinatos y los “levantones”. El gobernador tiene comprada a la prensa para que dibujen “un estado de paz y tranquilidad”.
Durante el régimen rochista, Sinaloa entró en una crisis de seguridad espantosa: aumentaron los desaparecidos, los asesinatos, los feminicidios, los “levantones”, los secuestros, las extorsiones, el robo de carros y otros delitos, cifras que son ocultadas usando estadísticas falsas validadas por los medios a los que se les pagan contratos de publicidad. Rubén Rocha está dedicado en cuerpo y alma a atacar a la UAS y a intentar convertir en Senador de la República a Enrique Inzunza Cázarez, quien, en función de secretario general de gobierno, fue uno de los responsables de diseñar y echar a andar el fallido plan de seguridad rochista.
