Samanta Escobar
En México, la brecha entre los ingresos de las personas y el costo de la vivienda tocó niveles alarmantes durante el actual sexenio, lo que crea un desafío significativo para aquellos que aspiran a tener un hogar propio.
De acuerdo con el documento “Diagnóstico del Sector Vivienda”, elaborado por el Comité Operativo de Seguimiento de Políticas Públicas y Programas del Consejo Nacional de Vivienda, en el 2022, los mexicanos debían destinar 62 veces el total de su ingreso trimestral para adquirir una casa o departamento, si se toma en cuenta que, en ese año el valor promedio de una vivienda fue de 1.5 millones de pesos y el ingreso promedio trimestral monetario por persona alcanzó los 24,414 pesos.
El aumento desproporcionado en el valor de las propiedades residenciales se vio exacerbado por la persistente escasez de unidades dentro de los inventarios, lo que dificulta aún más el acceso a una vivienda digna para la población.
Según datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), el registro de viviendas en México (en oferta) disminuyó 24.45% entre el 2019 y el 2022, al pasar de 189,042 a 142,836, respectivamente.
Hasta noviembre del 2023, se registraron 151,779 unidades, lo que indica que la oferta habitacional no ha logrado recuperarse a los niveles prepandemia.
Adicionalmente, se encontró que el inventario habitacional actual no necesariamente responde a las necesidades y posibilidades económicas de los mexicanos, ya que la producción de vivienda asequible ha sido la más afectada.
Evaluación del Coneval
En un contexto de crisis habitacional, debido a la baja en la producción de vivienda durante este sexenio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizó un análisis para identificar los avances y resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024 del gobierno federal.
En primera instancia, destacó que en el 2021 se hallaron siete programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la vivienda adecuada, lo que implica que poco menos de 6% de los 122 programas sociales que operaban en ese año, contribuyeron a este derecho.
Respecto a la parte operativa, se mencionó que los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no se encuentran articulados con la academia, lo que limita su difusión e impacto social.
Asimismo, hace hincapié en la necesidad de mecanismos más adecuados para promover el acceso al suelo: “Esto pone de relieve que no se trata únicamente de construir viviendas, sino también de garantizar la disponibilidad de suelos aptos para ello”.
En materia de corrupción, el análisis indica que, a pesar de la existencia de mecanismos de prevención, aún hay desafíos pendientes en la coordinación y revisión de políticas en todos los niveles de gobierno, para abordar aspectos claves como la transparencia en la asignación de recursos y programas, así como la rendición de cuentas de los organismos involucrados.
“En última instancia, el PNV 2021-2024 muestra avances significativos en la implementación de acciones, pero aún existen áreas de oportunidad. Hace falta reconocer que resulta fundamental la oferta de suelo, de infraestructuras y servicios, de financiamiento (para producción y adquisición), y de vivienda asequible, que, en todos los casos, responda a los criterios de la vivienda adecuada, que reconoce como punto de partida la Ley Nacional de Vivienda”, concluye el Coneval.
