Gloria Leticia Díaz
Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas alertaron sobre las deficiencias institucionales para hacer frente a la estigmatización y hostigamiento contra esos gremios dirigidos desde la tribuna presidencial, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos.
En audiencia pública en el marco del 189 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los consejeros ciudadanos Silvia Chica, Maurilio Santiago Reyes, Lucía Lagunes, Sara Méndez y Víctor Hugo López denunciaron las deficiencias del Mecanismo rebasado ante un número creciente de agresiones por parte de actores gubernamentales.
Silvia Chica, quien preside el Consejo Consultivo, resaltó que, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al 31 de enero de este año, había mil 986 beneficiarios del Mecanismo, de los cuales 33% eran periodistas y el resto defensores, concentrándose la mayor parte de los inscritos en Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Chiapas y Guerrero.
Ante comisionados de la CIDH, presididos en la mesa por Carlos Bernal Pulido, la consejera destacó que, pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presume de un incremento en el presupuesto dirigido al Mecanismo, “responde a que también se ha triplicado el número de agresiones y solicitudes de ingreso al Mecanismo”.
Subrayó que en una situación de violencia generalizada en el país, la que ejercen servidores públicos contra estos dos sectores de la población es preocupante, pues entre los defensores han identificado en 41% de los casos inscritos en el Mecanismo a servidores públicos, mientras que entre los periodistas la proporción es de 69%.
Lucía Lagunes, directora del Centro de Información para la Mujer (CIMAC), señaló que durante la administración del presidente López Obrador la estigmatización de periodistas y defensores lanzada desde la tribuna presidencial durante las conferencias matutinas, se contrapone con las campañas de reconocimiento de la labor de esos sectores.
“Como consejeros no hemos podido tener un diálogo con el área de Comunicación Social de la Presidencia para que se entienda que no es posible tal contradicción, y lo que se responde es que es un tema de respeto a la libertad de expresión del presidente”, acotó la consejera.
Al recordar que como parte de la estigmatización por parte del presidente, el 22 de febrero dio a conocer el número del teléfono celular de la periodista del New York Times, Natalie Kitroeff, Lagunes Huerta reconoció que si bien “no se puede relacionar las expresiones en la mañanera con los ataques a periodistas y defensores, sí se crean condiciones propiciadoras de los ataques letales, como ocurrió en el caso del defensor del medio ambiente Samir Flores, quien fue calificado por el presidente como ‘conservador’ cuatro días antes de ser asesinado”.
Maurilio Santiago Reyes reprochó que frente a los “reclamos por la defensa de sus territorios”, los pueblos indígenas que se organizan son blanco de ataques de empresas extractivistas transnacionales y de la delincuencia organizada.
Los defensores de las comunidades indígenas “sufren detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados internos, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas”, sin que exista una cifra exacta al ser invisibilizados porque “no son reconocidos como defensores”, señaló Santiago, quien acusó que el Mecanismo de Protección no tiene una estrategia para el riesgo colectivo.
Los datos
El representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, informó que desde 2019 su oficina ha documentado 103 ataques a defensores de derechos humanos, 41 a periodistas y siete a medios de comunicación. En total se contabilizaron 189 víctimas.
Del total de personas defensoras y periodistas atacadas, 13 permanecen en calidad de desaparecidas; del total de víctimas, dos terceras partes habían denunciado previamente amenazas; 30% interpusieron denuncias; 35 personas contaban con medidas de protección de las cuales en 20 casos correspondían al Mecanismo.
Peña Palacios recordó que en 2019 “a solicitud de la Secretaría de Gobernación”, la ONU-DH elaboró un diagnóstico del Mecanismo del que se derivaron 104 recomendaciones, de las cuales 51 fueron identificadas como “prioritarias”, mismas de las que en 27 se identifican avances.
Respuesta del Estado mexicano
La posición del Estado mexicano fue leído por la coordinadora para la Atención de casos en organismos internacionales, de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Nancy Desiderio Noyola, quien se limitó a hacer un recuento de las funciones del Mecanismo de Protección y a resaltar la inversión de esta administración, por más de 2 mil 300 millones de pesos en medidas de protección, que se distribuyen en más de 2 mil personas, entre periodistas, defensores y sus familias, así como la incorporación de mil 616 periodistas independientes al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los comisionados Bernal, Andrea Pochak, Gloria De Mess y el relator especial para Libertad de Expresión, no encontraron respuesta en la representante del Estado de por qué habrían recurrido los integrantes del Consejo Consultivo a la CIDH si el panorama leído por Desiderio era más que perfecto.
Los consejeros no pudieron conseguir que la funcionaria de la Segob, fijara una posición clara a sus cuestionamientos sobre la estigmatización a periodistas y defensores por parte del presidente López Obrador, ni mucho menos el reconocimiento de que esa situación es contraria a una política de respeto irrestricto a los derechos humanos.
