Trabajadores de Draxton elegirán en votación a representación sindical

Jared Laureles

En un proceso vigilado por la Organización Internacional del Trabajo y autoridades laborales, trabajadores de la empresa de autopartes Draxton, sujeta a un plan de reparación del T-MEC, podrán definir qué sindicato quieren que los represente mediante un recuento por la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Alejandra Morales, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA), señaló que el hartazgo por las malas condiciones laborales y el contubernio entre el sindicato patronal y la empresa motivó el proceso de elección.

Son casi 500 trabajadores los convocados a las votaciones que se realizarán el próximo 30 de noviembre en las instalaciones ubicadas en Irapuato, Guanajuato, indicó en videoconferencia de prensa. Los obreros de la empresa filial de Grupo Industrial Saltillo podrán elegir entre el SINTTIA y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica y del Acero, Similares y Conexas «Lic. Benito Pablo Juárez García», afiliado a la CONASIM.

A diferencia de otras votaciones, esta consulta será vigilada por la OIT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y observadores independientes, señaló el asesor sindical Héctor de la Cueva, por lo que pidió a la productora de autopartes para empresas como General Motors, Tesla y Honda, “que mantenga la neutralidad en el proceso”.

El SINTTIA acusó al sindicato patronal de intentar evitar que se realizara el recuento, además de que  se ha dedicado a desatar una campaña de guerra sucia en su contra, “comprando votos, difundiendo mentiras y clonando y alterando la propaganda del sindicato independiente”.

El despido de un dirigente sindical que ya fue reinstalado; opacidad en el reparto de utilidades, horarios violatorios de la ley y cambios arbitrarios de los descansos y bajos salarios, detonaron lo que fue la novena queja bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para este caso que admitió el gobierno mexicano en junio pasado.