Belén Saldívar
Los ciberdelitos cada día han ganado más terreno, por lo cual han prendido los focos rojos y representan uno de los grandes retos que deben ser abordados para combatir el lavado de dinero, señaló Elisa de Anda Madrazo, ex vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Es uno de los grandes retos que tenemos los que nos dedicamos a prevenir y combatir el lavado de activos”, indicó.
Durante su participación en un congreso organizado por Thomson Reuters, la ex vicepresidenta del GAFI alertó que, por ejemplo, las ganancias que generan los hackers por el llamado ransomware, que se refiere al secuestro de datos en diversos dispositivos tecnológicos, han encontrado refugio en las criptomonedas.
Lo anterior toma relevancia ya que De Anda Madrazo señaló que hay estudios que arrojan que, dentro de los hogares, uno de cada tres dispositivos tiene ransomware.
Los casos de ransomware han llamado la atención del GAFI, ya que muchas veces se pagan a través de criptomonedas, lo cual “debe encender las alertas para todo el sistema financiero”, sobre todo considerando que cada vez los dispositivos electrónicos son más usados por la población de todas las edades, ya sea para revisar redes sociales, hacer transferencias bancarias, comunicarse con otras personas, entre otros aspectos.
De Anda Madrazo apuntó que los ciberdelitos son uno de los mayores riesgos para los ciudadanos, por lo que el GAFI ha intentado orientar sobre el tema para poder estar alerta. Además del ransomware, indicó que existen otro tipo de delitos que se cometen en línea, como el fishing, hacking, malware y han tomado mayor relevancia en los últimos años.
El GAFI es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. De Anda fue elegida a mediados del 2020 como vicepresidenta del GAFI y fue reelegida por otro año, hasta el 30 de junio pasado.
“Veinte pasos adelante”
Por su parte, Daniel Quintero Chávez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la CDMX señaló que el lavado de dinero aventaja a las autoridades por cuestiones legales que deben respetarse.
Durante su participación en el foro, Quintero Chávez indicó que que el lavado de dinero es muy frecuente, aunque muchas veces no se le identifique o bien, se confunda con el enriquecimiento ilícito.
“La actividad de lavado de dinero nos lleva no uno, sino 20 pasos adelante, porque como autoridades debemos respetar la legalidad, el debido proceso, muchas cosas; no tenemos que violentar o vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales, hay muchas cosas que nos limitan”, mencionó.
En este sentido, apuntó que existen algunos funcionarios de Ministerios Públicos o fiscalías que carecen de capacitación sobre los casos de lavado de dinero e, incluso, muchas veces no inician las investigaciones por este tema, sino por enriquecimiento ilícito, lo cual es diferente.
“No es lo mismo, sí hay un enriquecimiento. Uno de los fines del lavado de dinero es incrementar el patrimonio de manera ilegal, pero no es lo mismo (…) el lavado de dinero es muy frecuente, aunque a veces no lo identifiquemos”.
Asimismo, señaló que una denuncia no asegura que se genere una sentencia condenatoria por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que también es un problema al que deben enfrentarse.
“A la hora de que tenemos los elementos que van a servir como prueba, ya sea para la denuncia o para después coadyuvar con el Ministerio Público, se dificulta por la resistencia y, siento yo, como comentario personal, que hay una falta de capacitación (…) he platicado con gente y hay cierta resistencia para abordar el delito”, aseveró.
De acuerdo con datos del Global Financial Integrity, en el 2021 se estimó que en México se lavaron entre 18,000 y 44,000 millones de dólares; sin embargo, el funcionario de la UIF indicó que esta cifra seguramente es mayor.
De acuerdo con datos de la UIF federal, entre enero y junio de este año se presentaron 79 denuncias, en donde estuvieron involucrados 839 sujetos. De estas denuncias, 35 de ellas fueron por fraude; 18 por defraudación fiscal; nueve por delitos contra la salud; seis por delincuencia organizada y dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las denuncias restantes fueron por otros delitos como peculado, delitos en materia migratoria, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.
