Aldo Muñoz Armenta
El pasado 27 de abril, la diputada federal Celestina Castillo Secundino, del grupo parlamentario de Morena, propuso llevar al extremo la libre sindicalización en el magisterio. La legisladora reaccionó a una propuesta de Decreto que emitió la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que propone agregar el artículo vigésimo quinto transitorio a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Tal artículo establece que las autoridades laborales y educativas deben garantizar: “El derecho a la libre sindicación”, para lo que las organizaciones gremiales habrían de reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas “en los términos de su registro vigente y toma de nota”. La diputada Castillo consideró que esta propuesta se quedaba corta —probablemente porque “el registro” o la “toma de nota” supone un importante grado de discrecionalidad por parte de la autoridad correspondiente— y plantea que a los trabajadores de la educación también se les permita afiliarse libremente en “organizaciones sindicales que no tengan registro vigente ni toma de nota”. Es decir, la desregulación total.
La propuesta se votó y aprobó ese día con 356 votos a favor. Pero independientemente del alcance que ésta pueda tener, vale la pena examinarla a luz de lo que ocurre con las organizaciones gremiales de trabajadores de la educación en los estados y a nivel nacional. También en función del marco de pluralidad representativa que la diversidad de sindicatos podría generar, o bien, en función de las posibilidades de que la presencia de muchas organizaciones gremiales podrían dar pauta a una cultura de libertad sindical, de tal forma que los trabajadores elijan al mejor sindicato, por su eficiencia en la gestión y por su incuestionable legitimidad democrática.
De entrada, se puede afirmar que la propuesta de reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es algo positivo, pues armoniza el sindicalismo del sector educativo con los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de libre sindicalización. Es el caso del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual tiene entre sus preceptos que los trabajadores y los empleadores podrán constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas sin autorización previa. También se puede mencionar el Convenio 98 de la OIT, el cual reafirma la protección de la libertad sindical y concede a las organizaciones gremiales protección contra todo acto que menoscabe sus libertades; en especial, que se condicione el empleo a la afiliación a un sindicato (cláusula de inclusión) o dejar de pertenecer a él (cláusula de exclusión), y que se despida o perjudique a un trabajador por su afiliación o actividades sindicales.
Los términos del Convenio 98 de la OIT se hicieron extensivos para los trabajadores de gobierno —que es el caso de los trabajadores de la educación— a través de su Convenio 151. El objetivo de este instrumento es evitar que los empleados públicos sean discriminados o sancionados por ejercer su derecho a libertad de sindicalización, bajo el endeble argumento de que la naturaleza de su trabajo encarna los intereses del Estado. Esta postura también está acorde con los acuerdos que firmó México en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su Capítulo 23 (laboral) y en sus anexos 23-A (representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México), y 31-A y 31-B (mecanismo laboral de respuesta rápida). Sucede lo mismo con el Capítulo 19 (laboral) del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).
Además, la propuesta mantiene la tendencia de democratización sindical que inició con la reforma laboral de febrero de 2017, cuyo artículo XXII Bis establece la obligación de que la Ley Federal del Trabajo establezca procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales y la elección de dirigentes mediante el voto personal, libre y secreto. Esta postura fue refrendada en la reforma laboral de mayo de 2019. Esta reforma incluyó cambios en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que, entre otras cosas, supuso la derogación de los artículos 68 y 69 que establecían que sólo habría un sindicato por dependencia federal y que, habiendo ingresado los trabajadores, no podían dejarlo, salvo que perdieran el empleo.
Ahora bien, en el sindicalismo magisterial existen evidencias vigentes y visibles de cierta pluralidad de organizaciones gremiales, pero casi nunca ha sido resultado de luchas por la democracia sindical, sino de luchas de poder entre burocracias de la educación —a nivel nacional o en los estados—, de disputas de poder entre los gobernadores y el liderazgo nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), o bien, entre las autoridades educativas del gobierno federal.
Un primer tipo de diversidad sindical en el sector educativo lo representan los trabajadores del INAH y del INBA, que durante décadas formaron parte del SNTE pero que, en la realidad, funcionaron como sindicatos aparte, tanto en lo organizativo, como en lo referente a las negociaciones salariales. Lo mismo ocurre con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y los institutos tecnológicos que tienen una oferta educativa en el nivel superior. De hecho, para evitar que el liderazgo nacional perdiera el control gremial del IPN y de los tecnológicos, el Comité Nacional del SNTE determinó abrir una sección especial para cada espacio institucional (secciones 60 y 61, respectivamente). En todos estos casos, la libertad sindical llegó por razones administrativas; dado que estos espacios funcionan con lógicas laborales y presupuestales distintas al conjunto de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, no era fácil incluir sus asuntos en el pliego petitorio nacional.
Existen más experiencias de espacios sindicales diferenciados en el sector educativo. Destacan el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), surgido en 1961 en Veracruz como producto de una disputa de liderazgos delegacionales en la sección 46 —que ya no existe; quienes quedan en el SNTE están en la sección 56—; y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSE), producto de una escisión en la sección 17 del SNTE promovida por los gobernadores Gustavo Baz y Carlos Hank González, como resultado del enfrentamiento de Baz con el entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Un caso similar se dio en Puebla en 1984. El entonces secretario Jesús Reyes Heroles quiso probar que podía dividir al SNTE y promovió la creación del Sindicato Estatal de Trabajadores de Puebla (SETEP), lo cual implicó la división de la sección 51. No queda claro por qué se enfrentaron los nuevos liderazgos, pero surgió una nueva organización: el Sindicato Único de Trabajadores de Puebla (SUTEP). Ambas organizaciones permanecen vigentes hasta la fecha. Estas diferenciaciones organizativas en Veracruz, Estado de México y Puebla, sin embargo, no les han permitido a los maestros de las secciones respectivas elegir a la organización de su preferencia. En las tres entidades, las escuelas y los trabajadores están distribuidos en cuotas territoriales.
La descentralización de los servicios educativos del gobierno federal hacia las entidades federativas también generó diferentes experiencias de divisiones sindicales en las secciones del SNTE. Podría decirse de forma ingenua que la formación de organizaciones gremiales magisteriales adicionales al SNTE fue una expresión de los nuevos tiempos de apertura democrática o que le permitió a los trabajadores de la educación tener alternativas en contextos subnacionales de libertad sindical. Sin embargo, los datos señalan que no fue el caso. Algunos gobernadores, a veces en acuerdo con el Comité Nacional del SNTE y con las autoridades educativas federales, apostaron por dividir a las secciones magisteriales. En otros casos, dichas divisiones fueron resultado de la confrontación al interior de la organización, o bien, de disputas entre burocracias estatales del sector educativo que, sobra decir, estaban ligadas a la representación sindical.
El primer caso se dio en Tlaxcala, en 1995, en las secciones 31 y 55. Ambas se dividieron y los grupos escindidos tuvieron reconocimiento del gobierno estatal y del Comité Nacional. Después siguió Michoacán, donde la poderosa sección 18, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue partida en tres segmentos en noviembre del año 2000. Al parecer, el gobierno perredista de Lázaro Cárdenas Batel no podía lidiar con tanto poder gremial. Posteriormente, en 2003, en el contexto del enfrentamiento entre Roberto Madrazo, entonces presidente del PRI, con Elba Esther Gordillo, secretaria general de dicho partido, el gobernador de Tabasco, Manuel Andrade, dividió en dos la sección 29 del SNTE y creó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET).
Otro caso que ilustra la conflictividad en las secciones estatales es el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California, que se formó en 2006 como producto de una larga e intensa confrontación que se generó en la sección 37 a partir de la descentralización educativa de 1992. El mismo año, en el mes de diciembre, la legendaria sección 22 de Oaxaca fue dividida. Los maestros de la región conocida como Valles Centrales formaron la sección 59 con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, así como del Comité Nacional. Esto como resultado de una confrontación, de varios meses, entre los maestros oaxaqueños y el gobernador Ulises Ruiz.
Posteriormente, en la Ciudad de México, después de 19 años de una dirigencia democrática en la sección 9 del SNTE, en julio de 2008 el Comité Nacional desconoció la elección del grupo adscrito a la CNTE e impuso un comité seccional afín al llamado grupo institucional. Desde entonces hay dos comités seccionales: el democrático y el oficialista. También en Durango la sección 35 fue dividida en agosto de 2009. Después de varios años de enfrentamientos internos, un grupo de trabajadores de La Laguna formó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Durango (SITEED), sin embargo, perdió su registro el 1 de octubre de 2010. Cabe destacar que todas estas rupturas no han supuesto la posibilidad de que los trabajadores de las entidades enlistadas puedan elegir al sindicato de su preferencia. Cada organización tiene asignada su cuota de espacios laborales y de trabajadores. Después de todas estas rupturas en los estados, vinieron otras.
Definitivamente no alcanzaría este espacio para documentar todos los casos, pero la creación de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes de Trabajadores de la Educación (FENASITE) en octubre de 2009 da algunas pistas. En su lista de organizaciones asociadas hay 11 gremios estatales de trabajadores de la educación:
1. Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SATEV)
2. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla Independiente, Democrático (SETEPID)
3. Sindicato Independiente de la Educación del Estado de Durango (SITEED)
4. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de México (SITECIM)
5. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET)
6. Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachilleratos y Servicios Educativos de Veracruz (SITTEBA)
7. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Estado de Chiapas (SIDTECH)
8. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (SITEQROO)
9. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (SETEY)
10. Sindicato Yucateco de Trabajadores Transferidos de la Educación (SYTTE)
Además, hay otros sindicatos magisteriales estatales que actúan por su cuenta, entre ellos:
1. Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de Telesecundaria (SMSTE) en Durango
2. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Coahuila (SITECO)
3. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Campeche (SETEC)
4. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Michoacán (SETEM)
5. Sindicato Alberto Juárez Blancas (de Tlaxcala)
6. Sindicato Mártires de Chicago (de Tlaxcala)
Sólo en el estado de Veracruz, el listado es mucho más amplio:
1. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Escuela Normal Veracruzana (SETENV)
2. Sindicato Independiente de Trabajadores en el Estado de Veracruz (SITEV)
3. Sindicato Estatal de Trabajadores del Magisterio de Veracruz (SETMAV)
4. Sindicato Único de Trabajadores de Enseñanza Media (SUNTEM)
5. Sindicato Magisterial Veracruzano (SMAV)
6. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SETEV)
7. Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato (Sitteba)
8. Sindicato Independiente del Magisterio de Veracruz (SIMAV)
9. Sindicato Auténtico de Trabajadores del Estado de Veracruz (SATEV)
10. Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE)
11. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM)
A nivel nacional la situación es muy diferente. Además del SNTE hay dos organizaciones sindicales que se autodenominan nacionales y que, al menos en teoría, disputan la representatividad de los trabajadores de la educación en todo el país, pero están lejos de tener algún peso político o gremial importante. El primero, creado en julio de 2009, es el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNDTSE), impulsado por Joel Ayala Almeida, secretario general vitalicio de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE) y dirigido por Carlos Jonguitud Carrillo, hijo del exlíder moral del SNTE, Carlos Jonguitud Barrios. El otro caso es el del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), que obtuvo su registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 8 de febrero de 2011.
Un apunte sobre estos últimos. La historia del sindicalismo mexicano y del sindicalismo magisterial nos indica que la “toma de nota” o el “registro” a nivel federal no es suficiente para ganar reclutas, sino que se requiere del impulso político altamente influyente, que no resulta de una lucha por la democracia sindical. Por otro lado, se advierte que tanto en las diferentes entidades federativas como a nivel nacional, más sindicatos de maestros no han generado más democracia para los trabajadores, ni tampoco les ha permitido elegir a la organización de su preferencia.
Con cierto optimismo, podríamos esperar que la presencia de diversos sindicatos sea uno de los primeros pasos para instaurar la democracia sindical. Pero a la vista de los resultados, falta mucho camino por recorrer, porque por el momento no es posible que los trabajadores elijan al gremio de su preferencia. Por otro lado, muchas de las organizaciones emergentes —habrá honrosas excepciones— no surgieron para ser alternativa de representación sindical, sino para debilitar al SNTE y a la CNTE, y para que los gobernadores y las burocracias educativas estatales o nacionales puedan controlar plazas administrativas o docentes —por más que se hable de concursos— sin enfrentarse al contrapeso del sindicalismo genuino, a las auditorías federales o a la muy limitada política de selección por mérito académico.}
Publicado en Milenio
