Álvaro Aragón Ayala
Un análisis previo sobre arbitrario uso del presupuesto de egresos del gobierno de Quirino Ordaz Coppel proyecta un daño al erario superior a los 2 mil millones de pesos, del ejercicio 2017 al 2021, por lo que es probable y posible que la Comisión de la 64° Legislatura del Congreso del Estado exija que el gobierno saliente sea sometido a un riguroso proceso de auditorías específicas para determinar con exactitud en que área hubo saqueos y despilfarros.
Además, bajo la tesis de que sin combate a la corrupción no hay transformación, a los primeros funcionarios que se les solicitaría su comparecencia ante la 64° Legislatura para que aclaren el por qué ejercieron en su área, a espaldas y sin autorización del Congreso, una inversión superior a los mil 905 millones de pesos y de donde tomaron esos recursos, serían Alberto Camacho García y Jair Flores Téllez, responsables de la coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Iniciativa Sinaloa documentó que el gobierno quirinista gastó en el 2017, 2018 y 2019, mil 180 millones de pesos en Comunicación Social. El Congreso del Estado únicamente le autorizó una inversión en este rubro de 70 millones 751 pesos, para esos tres años. Diputados de Morena especificaron que el gasto del gobierno estatal, en publicidad y propaganda, sobre todo en el pago de encuestas, del 2017 al 2020, fue del orden de los mil 905 millones de pesos.
En una revisión realizada sin el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, cuya titular Ema Guadalupe Félix Rivera fue acusada de servir, no al pueblo de Sinaloa, sino al gobernador Quirino Ordaz, la Comisión de fiscalización del Congreso de la 63° Legislatura localizó tan solo en periodo del 2019 un daño al erario calculado en 297 millones 769 mil 223.23 pesos.
Según la Comisión que se fue y que dejó los documentos para que sean revisados por la 64° Legislatura que acaba de iniciar, las irregularidades se localizan en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la Secretaría de Pesca, la Secretaría de Seguridad Pública, Servicios de Salud y Concretos y Agregados de Sinaloa –Precasin-.
En manos la Auditoría Superior del Estado de Emma Guadalupe Félix Rivera, la revisión de las cuentas públicas del gobierno de Quirino Ordaz Coppel –a juicio de los diputados de la 63° Legislatura- fue “muy superficial”. Ahora, la Auditoría que será sometida también a una auditoría por parte de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso Local, deberá revisar de nuevo las cuentas públicas quirinistas sobre todo la del 2020, la cual se hará pública en febrero de 2022.
El gobierno de Quirino Ordaz es calificado por tirios y troyanos como frívolo y “altamente opaco”, sin transparencia. Durante su mandato Quirino Ordaz mantiene aún el control de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Auditoría Superior del Estado, dependencias que no han cumplido cabalmente con sus funciones.
El gobernador vetó el dictamen de la cuenta pública del 2017 que le fue reprobada por el Poder Legislativo. El Congreso del Estado hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para hacer valer su autoridad y la facultad que tiene el Legislativo para fiscalizar las cuentas públicas del gobernador.
En el 2018, la 63° Legislatura del Congreso Local rechazó 21 “rubros” de la cuenta pública de Quirino Ordaz, lo que lo obligó a presentar una “moción suspensiva” para ganar tiempo ante el escándalo desatado por el uso irregular del presupuesto.
A los mil 905 millones de pesos de gastos de publicidad y propaganda y pago de encuestas, los diputados de Morena de la 63° Legislatura sumaron la inversión de 700 millones de pesos que el gobernador canalizó, sin la autorización del Congreso Local, a la construcción del estadio de futbol Kraken en Mazatlán que cedió a Ricardo Salinas Pliego para su usufructo personal.
La Fiscalía General de Justicia “congeló” una denuncia presentada por Graciela Domínguez Nava y Yeraldine Bonilla Valverde la cual trata de vincular a Quirino Ordaz Coppel por el uso irregular de recursos públicos en beneficio de particulares en el caso del estadio Kraken.
Los legisladores le agregaron, además, la adquisición a un precio “inflado” del edificio Inbursa, habitado antes por la empresa Homex, al que se le invirtieron más de 400 millones de pesos en reparaciones y remodelaciones, y el gasto desproporcionado por el uso de las aeronaves del gobierno del estado – tres helicópteros y dos aviones- como si fueran taxis particulares aéreos para trasladar a Quirino Ordaz y a funcionarios de su gobierno “a cuestiones que no quedan claras”.
