Jessica Xantomila
Ciudad de México. En el primer día de los Foros Regionales de Consulta sobre la Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, rectores de universidades públicas se pronunciaron por el respeto a la libertad de investigación y por una participación real de las instituciones de educación superior en la regulación.
Por su parte, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, indicó que el anteproyecto de ley que se presentó en diciembre pasado, se está perfeccionando y estos intercambios de opiniones darán como resultado una nueva propuesta “que va a servir para seguir adelante con mucho mayor consenso, rigor desde el punto de vista epistemológico y también de técnica jurídica”.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, destacó que la libertad de investigar “en las distintas áreas de conocimiento y en las diversas modalidades -en lo básico, en la frontera, en la aplicación o en la solución de problemas-, será lo que verdaderamente genere descubrimientos e innovación posibles de transformar en beneficio social y fortalezcan la soberanía nacional”.
Mencionó que asumir la libertad de la investigación como una política de Estado, en concordancia con los pactos internacionales que nuestro país ha firmado, permitirá que las estrategias que se asuman tengan una visión de largo plazo y se consolide la infraestructura científica en el país”.
Sara Deifilia Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, señaló que “la generación del conocimiento en México se lleva a cabo mayoritariamente en las instituciones de educación superior y muy particularmente en las universidades públicas autónomas; sin embargo, en la iniciativa en discusión no aparecemos como actores principales que somos”.
En este sentido se pronunció porque no solo las universidades sean mencionadas en la ley y en el consejo propuesto para regular la ciencia, la tecnología y las humanidades, “sino ser en efecto protagonistas de la misma”. Asimismo, cuestionó si se puede tener libertad de investigación sin presupuesto para realizarlo.
“No estamos en contra de convocatorias que enfaticen programas específicos, programas gubernamentales y apoyen la ciencia aplicada pero éstas no deben de estar en detrimento de las ciencias básicas” y de las líneas de investigación de largo aliento y que no obedecen a periodos sexenales, diijo en el foro organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
En tanto, Álvarez-Buylla Roces expuso que “es fundamental que la primera Ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación incentive el crecimiento de la comunidad académica, que la fortalezca, pero sus productos no deben guiarse o subsumirse a intereses políticos o privados, se debe guiar su quehacer por principios epistemológicos siempre con rigor y su incidencia entonces será posible y deberá estar regida por la ética y guiada por el interés público, el bienestar social y el cuidado ambiental siempre que sea financiada por el erario”.
Indicó que las universidades autónomas y públicas son parte de este crucial sistema y su guía debe estar clara”.
Señaló que en México, “durante el periodo neoliberal y en particular durante el último sexenio se transfirieron, por ejemplo, más de 35 mil millones de pesos al sector privado vía el Conacyt solamente. En el sexenio anterior se incrementó el gasto con ello en innovación siete veces, pero sin resultados. El indicador de eficiencia de innovación disminuyó dramáticamente, es decir, el crecimiento económico fue mediocre, fue fallido, fue también de dispendios, de abusos e inclusive corrupción”.
Añadió que en 2017 y 2018 en el Conacyt “no se ejerció un solo peso en favor de la ciencia básica o de frontera”.
Por La Jornada
