David Brondo
proyecto de austeridad emprendido por la cuarta transformación no sólo enterró 109 fideicomisos de apoyo a la ciencia, el arte y la cultura. También sepultó el único instrumento de apoyo federal a la capitalización de los fondos de pensiones de las universidades.
La cancelación del Fondo U081 de Apoyos para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPES) en el Presupuesto Federal del 2021, ha puesto en serio predicamento a las instituciones de educación superior.
A través de este apoyo, las UPES tenían una inmejorable palanca para capitalizar sus fondos de pensiones. Era un mecanismo de apoyo institucional con base en resultados: si las instituciones emprendían reformas estructurales y cambios de largo plazo para el saneamiento financiero, podían acceder a subsidios federales. Así se premiaba la eficiencia e iniciativa de las universidades dispuestas a sacar adelante reformas. ¿El costo de esas reformas? Rasparse y entrar en colisión con sindicatos, burócratas e intereses políticos. Pero con el Fondo U081 también dejaban buenos réditos: acceder a apoyos extraordinarios.
Al suprimirse esos subsidios, ¿cómo van a financiar ahora las universidades los fondos de sus pensionados y jubilados? La respuesta encierra una tragedia en el largo plazo: con recursos que deberían destinarse a la educación, a la investigación y la difusión de la cultura.
No hay una sola universidad, en estos momentos, con la solidez financiera para mantener con su presupuesto actual un fondo pensiones y jubilaciones sano. Aun aquellas que en los últimos lustros emprendieron reformas estructurales, como la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), tienen serios problemas para pagar su nómina y la de sus jubilados y pensionados.
La UAdeC, por ejemplo, actualmente trabaja con dos regímenes de pensiones. Desde su creación, estuvo afiliada a la Dipetre (Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado). Sin embargo, sus trabajadores siempre tuvieron la opción de afiliarse al IMSS.
Al poner en marcha un paquete de reformas, a partir de 1994 se hizo obligatoria la afiliación al IMSS de los nuevos trabajadores de la UAdeC. La medida permite, desde entonces, un mayor control y autonomía, y la liberación en el largo plazo de la tutela de la Dipetre y del Estado en el manejo de las pensiones universitarias.
Fue un gran paso, pero, como es lógico, al cerrarse el grupo de afiliados a la Dipetre cada año disminuye la población de trabajadores activos, ocasionando que cada vez haya menos aportantes y más jubilados y pensionados. Se rompió el llamado círculo de solidaridad intergeneracional.
La situación presiona año con año las finanzas de la Universidad. Veamos: en el 2019 el número de pensionados y jubilados era de 2 mil 96 en la Dipetre contra 783 trabajadores activos (aportantes). Para este 2020, el número de jubilados y pensionados creció a 2 mil 165 jubilados y el de trabajadores activos, por el contrario, decreció a 687.
Al paso del tiempo, los aportantes disminuirán a 500, 300, 200, hasta que finalmente no quede ninguno. Y, por el contrario, la masa de pensionados seguirá subiendo y subiendo.
En este marco, las finanzas se verán presionadas en extremo. Los pocos trabajadores activos se jubilarán en los próximos 10 ó 12 años y, por ello, aumentará dramáticamente la demanda de recursos para atender las pensiones. El agravante: la inmensa mayoría de los recursos serán aportaciones extraordinarias. Es decir, para este fondo de pensiones no hay más salida que los subsidios y los apoyos extraordinarios. Insistamos para dimensionar el problema: las pensiones de la UAdeC se pagan con aportaciones extraordinarias. Para los problemas estructurales no hay más remedio que las medicinas amargas.
Apoyos extraordinarios
A pesar de las reformas realizadas del 2001 a la fecha para aumentar gradualmente cuotas y aportaciones, edad y antigüedad para la jubilación, así como los años de servicio de los trabajadores activos, la UAdeC demandará paulatinamente más subsidios y apoyos extraordinarios hasta el año 2030 ó 2032, cuando apenas comenzará a bajar la curva de los egresos requeridos para la cobertura.
Actualmente, por ejemplo, las erogaciones para pensionados y jubilados ascienden a 430 millones de pesos al año. A esta cifra deben sumarse los mil 090 millones de pesos correspondientes a la nómina de los trabajadores activos que cotizan tanto en la Dipetre como en el IMSS, así como otro tanto de sus prestaciones. Y aún hay más: el pago de juicios millonarios emprendidos por trabajadores insatisfechos con sus pensiones.
Más del 90% del presupuesto ordinario anual (3 mil 223 millones de pesos) se destina al pago de la nómina de los trabajadores activos y casi el 100% de los apoyos extraordinarios al pago de las pensiones. Todo en detrimento de la docencia, la investigación y la difusión cultural, que son la esencia misma de la universidad.
No se trata de un problema privativo de la UAdeC. Hoy, las más de 30 instituciones de educación superior de México tienen serios problemas en sus fondos de pensiones y, al menos 12 de ellas (la Autónoma de Tabasco, la Autónoma de Sinaloa y la Autónoma de Zacatecas, entre otras) ya están en quiebra. No tienen ni para pagar su nómina mensual.
Falta de rumbo
Lo peor no es la falta de apoyos formales, ni siquiera la cancelación del Fondo U081, sino la ausencia de rumbo para enfrentar el tema de las pensiones a nivel nacional. Hay un gran desconocimiento del tema en las esferas gubernamentales y legislativas. No existen normas claras para la entrega de participaciones extraordinarias para los fondos de pensiones ni un marco legal que dé certezas a las universidades. Se ha despreciado el problema al grado de cancelar de un plumazo apoyos importantísimos.
No es exagerado decir que si el Gobierno federal, el Congreso de la Unión, los estados y las universidades no ponen en su agenda de prioridades la precariedad de los sistemas de jubilados y pensionados, los fondos de pensiones colapsarán en el corto plazo… Y con ellos el país. Así de grave es la situación.
Urgen medidas y voluntad
Es urgente crear grupos interdisciplinarios para analizar números, leyes, medidas operativas y plantear soluciones de largo plazo para los fondos universitarios y, de paso, para los cientos y cientos de fondos de pensiones del sector público —ISSSTE, IMSS, CFE, municipios, estados, tribunales, organismo descentralizados— amenazados por la quiebra.
Algunos especialistas han señalado que la magnitud del problema de los fondos de pensiones de las universidades y entidades de Gobierno es tan grande que requiere una Secretaría de Estado o, al menos, una subsecretaría o un instituto autónomo que se responsabilice de todos los sistemas de pensiones del sector público.
Otra urgencia planteada es la necesidad de modificar la Constitución federal para dar origen a una Ley General Nacional de Pensiones que establezca pisos y techos a cada uno de los sistemas, reglas claras y formas eficientes de operación.
La cancelación del U081 y la falta de reglas, mecanismos y procesos sólidos para el pago de las pensiones obligará a las universidades a, literalmente, mendigar recursos para poder pagar sus nóminas.
¿Cómo enfrentar el vacío legal y el limbo jurídico ahora? Por desgracia, la única posibilidad es política. No hay de otra.
Al finalizar cada año, cuando se acaben los presupuestos, los rectores deberán hacer un via- crucis y sufrir las de Caín para lograr la aprobación de participaciones extraordinarias por parte de los gobiernos federal y estatales, tal como si fueran dádivas o concesiones graciosas. ¿Es justo eso?
El camino es muy largo, pero hay que comenzar ya. Universidades, como la UAdeC, cuyas autoridades desde hace lustros han emprendido reformas de fondo, en los próximos años requerirán cambios más profundos aún. El proceso de reestructura de los fondos de pensiones no ha terminado. El sistema de jubilación de la Universidad requerirá seguramente una nueva reforma y más aportaciones extraordinarias.
Rectores y esferas políticas
La supresión del Fondo U081 pone sobre relieve el desconocimiento del Gobierno federal sobre la profundidad del problema. Los diputados federales no tienen la menor idea de las consecuencias de su decisión de cancelar el U081. Se trata de un rudísimo golpe a las universidades porque se deroga el único mecanismo institucional para avanzar en soluciones de fondo y de largo plazo.
Ahora los rectores deberán moverse en las esferas políticas para negociar apoyos, suplicar por aportaciones extraordinarias y tratar de llegar a acuerdos favorables para los pensionados. En otros casos, deberán pelearse y recurrir a las mu- chas veces estériles batallas de desgaste donde llevan todas las de perder.
Las soluciones a las finanzas de los fondos de pensiones nunca serán de corto plazo. No dan frutos políticos y electorales en lo inmediato. Esta situación explica la escasa importancia del tema en la agenda gubernamental y legislativa y el desdén oficial que lleva a cancelar un fondo como el U081.
Vienen tiempos muy difíciles para las universidades públicas. Desde hace décadas atraviesan el peor de los escenarios financieros: una insuficiencia estructural para cumplir sus obligaciones laborales.
El terreno es difícil, farragoso, sumamente complejo por sus aristas jurídicas, sociales, laborales y políticas. Se trata de un pantano que nadie quiere pisar; un infierno que, sin embargo, es necesario enfrentar hoy pa- ra no perder el futuro.
Publicado en Zócalo
