Héctor Ponce y “Somos salud”

Quienes dan seguimiento y recogen información para la Unidad de Inteligencia Financiera y para las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, aseguran que el gobierno del estado fue “benévolo” con ex titular de la Secretaria de Salud, Héctor Ponce Ramos, porque este se habría enriquecido con el erario público a grado tal que el recurso que tomaría del presupuesto bajo su responsabilidad le alcanzaría para invertir en un proyecto clínico-hospitalario.

A esa conclusión llegaron: no les extraña, por el mar de complicidades y proteccionismo que rodeó el «Caso federal: Héctor Ponce ¡el 17!» que al ex funcionario no se le haya abierto proceso por enriquecimiento inexplicable. Así, el gobierno federal podría abrirle un nuevo juicio al ex secretario de Salud del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla.

Héctor Ponce Ramos fue sujeto a proceso desde el 10 de diciembre de 2013. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusó al ex funcionario de haber usado recursos financieros con fines distintos a los que estaban programados. Inexplicablemente, en la carpeta de investigación no se incluyeron algunas de las inversiones realizadas por el ex funcionario federal.

De cuna muy humilde y con antecedentes de problemas económicos a su ingreso como funcionario estatal, ex titular de Salud encabezó, en el 2012, con capital propio el proyecto “Somos Salud”, con 5 edificios o “sucursales médicas” para competir con “Mi Salud” y “Salud Digna”, con la visión de “la prestación de servicios de consulta médica, estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento de especialidad, de calidad y bajo costo, para la prevención y detección de enfermedades que contribuya a mejorar la salud pública de la población”, reza el slogan del negocio.

¿De dónde sacó recursos para este negocio? ¿Camuflajeó o no la inversión con créditos bancarios o préstamos de sus socios o amigos? ¿A cuánto ascendió la inversión en “Somos Salud”? Son interrogantes que poco a poco van encontrando respuesta en la Unidad de Inteligencia Financiera y la ASF, que están ciertos de que a Ponce Ramos indebidamente no se le acusó de enriquecimiento inexplicable.

En el artículo «Caso Federal: Héctor Ponce ¡el 17!», hicimos mención de la “Operación Desfalco en Sinaloa” que involucra a 16 funcionarios y políticos -exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado-, según el reportaje de Noroeste, firmado por Marlene León, Zoraya Gallegos y Silber Meza, quienes revelaron que estos personajes cocinaron negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares.

El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos, dicen.

En las transas de cuello blanco se involucra a 16 funcionarios y políticos, número que podría crecer si la indagatoria periodística se profundiza más en los regímenes de Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.

Del régimen de Aguilar Padilla, para efectos de la “Operación Desfalco en Sinaloa”, saldría el funcionario número “17”, en la figura de su secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos, quien eludió la acción de la justicia mediante negociaciones políticas que lo salvaron de ir a la cárcel. Pero, como dicen los clásicos de la novela policiaca, parte del dinero nunca apareció.

El 13 de octubre del 2018, Héctor Ponce apareció con su imagen de inmaculado en el Foro de Salud 2018 “Diagnostiquemos la salud”, guiñándole un ojo –o queriéndoselo picar- a Andrés Manuel López Obrador, construyendo, según el funcionario aguilarista, “espacios de análisis y reflexión sobre la realidad del sistema público de salud en México”.

Héctor Ponce, el titular de salud en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, fue sujeto a proceso desde el 10 de diciembre de 2013.  En enero 2014, Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia de Sinaloa, informó que Héctor Ponce Ramos, ex secretario de Salud en la Administración del priista Jesús Aguilar Padilla, recibió auto de formal prisión por “desvió” de 16 millones de pesos.

Ponce Ramos promovió amparos para revocar el auto de formal prisión dictado alegando que el delito por el que se le acusa ya prescribió, pues, según él y sus abogados, cuando fue acusado ya había transcurrido el tiempo que marca la ley para castigar ese ilícito.

La denuncia derivó del pliego de observaciones 08-A-25000-02-0693-06-012 de la revisión de la cuenta pública 2008 que hizo la Auditoría Superior de la Federación, la cual establece un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por 16 millones 219 mil 338 pesos más los intereses generados.

El caso del doctor Héctor Ponce ¡el 17! es federal…

Es un caso para la UIF, la ASF y la Fiscalía Federal.