La “chapodiputada” hunde en Washington al diputado del PAN, Roberto Cruz

La ex diputada local del PAN, Lucero Guadalupe Sánchez, apodada la “chapodiputada”, habría de comparecer ante un Juez Federal de Washington DC, donde, según se dijo, seguirá su proceso por presunto tráfico de drogas y complicidad con grupo mafioso.

En la citación judicial salió a relucir el nombre del diputado del PAN, Roberto Radamés Cruz Castro, y de un aspirante a Senador del PRI, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, aún.

Lucero Sánchez habría de ser presentada ante la Corte del Distrito de Columbia, donde el Juez Michael Harvey, aceptó la petición de los fiscales para mantenerla detenida para continuar las investigaciones.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene interés en la ex legisladora y sus vínculos con la “estructura menor” del Partido Acción Nacional en Sinaloa: de los apoyos que esta otorgaría a quien fuera primero asesor y luego secretario de Desarrollo Económico de Mario López Valdez, el diputado Roberto Cruz Castro.

El interés del Departamento de Justicia alcanza a un aspirante del PRI al Senado de la República, que ha extendido su influencia a poderosos hombres de “negocios”, evasores fiscales, sobre quienes la DEA habría de mantener una estrecha vigilancia.

El aspirante a Senador del PRI, con quien Roberto Cruz mantiene “estrecha comunicación telefónica” y recibe “orientación” para derrotar a los candidatos del propio PRI, dice estar pegado al “futuro presidente de México” y alardea que puede ser el contacto “para que ninguna autoridad los toque”.

La indagatoria cobra relieve porque en Sinaloa se desencadenó una “guerra sucia” pretendiendo desviar la atención del Departamento de Justicia y de la DEA en torno a las verdaderas relaciones o vínculos políticos de la “chapodiutada”.

“Quieren tender una cortina de humo para que no desentrañemos esa red de complicidades”, dijo un agente de la DEA, quien señaló que se está falseando la información en medios, incluso fabricando videos sin sustento ni credibilidad.

Roberto Cruz Castro impulsó al interior del PAN la candidatura de Lucero Sánchez. En funciones de asesor de Malova maniobró apoyos políticos para su protegida y la alzó con la victoria. En respuesta, hasta donde llegan las investigaciones, el entonces funcionario malovista y actual diputado del PAN gozó de los favores económicos “de gente extraña”.

El actual diputado local del PAN llegó a Sinaloa en el 2009, sin trabajo, sin recursos económicos, y se incorporó al equipo de precampaña de Mario López Valdez. En el 2010 trabajó en “áreas estratégicas” de la campaña electoral de Malova.

En menos de 2 años comenzó a ostentar una envidiable fortuna.

Actualmente es uno de los políticos más rico de Sinaloa. Se desconoce todavía el origen de su riqueza. No hay registro de sus negocios y sus movimientos bancarios se consideran “demasiado sospechosos”.

De vivir en un departamento rústico, Roberto Cruz pasó a comprar una residencia en la Primavera, zona de confort de los empresarios y políticos millonarios de Sinaloa. Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA posee un patrimonio urgente de investigar.

El ex diputado local del PT y actual activista de EL PAIS, el periodista Felipe Manzanarez -, denuncio en “Punto MX Cuestión de Enfoque”, que “estamos ante un caso de enriquecimiento inexplicable”.

El caso de Lucero Sánchez es relevante en Sinaloa porque Roberto Cruz Castro lo ha maximizado, convertido en un problema de falsa “Seguridad Nacional”, para desacreditar a sus propios compañeros del PAN y personajes del PRI, principalmente a Gerardo Vargas Landeros, y a otros personajes a quienes el considera sus opositores o rivales políticos.

El caso lo usa también para desviar la atención en torno a la investigación que se le sigue a él, Roberto Cruz, en los Estados Unidos.